La salud de la ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la burocracia y la desarticulación entre los distintos niveles de la administración.

El nuevo Hospital Barros Luco, prometido hace más de tres años, es el rostro de la ineficiencia administrativa. A pesar de la necesidad imperiosa de modernizar su infraestructura para atender a más de 1.500.000 habitantes, el proyecto avanza con lentitud. La precariedad actual de sus instalaciones, con graves problemas de soporte operacional debido a la antigüedad y el uso intensivo, revela la parálisis en la toma de decisiones de los responsables y resalta la resiliencia admirable de sus funcionarios.

Con una inversión inicial planificada en 400 mil millones de pesos, que hoy supera los 700 mil millones para casi 1.000 camas, los avances se limitan a obras accesorias de carácter puramente cosmético y comunicacional. Esto se traduce en un retraso estimado de más de ocho años.

La falta de claridad en los plazos, la obsolescencia de su Plan Médico Arquitectónico (PMA) y las constantes modificaciones al cronograma han socavado la confianza de la comunidad de la zona sur de la Región Metropolitana. En la práctica, el hospital no será una realidad antes de ocho años. El Servicio de Salud a cargo no ha realizado una planificación correcta y la ejecución es muy acotada, limitándose a los 15 mil millones de pesos ya pagados por diseño y honorarios a asesores.

Lee también...

Si bien factores externos pueden influir en los retrasos, la responsabilidad administrativa y política recae en quienes deben asegurar que las inversiones en salud se materialicen de manera eficiente y oportuna, y que los fondos públicos asignados a los estudios se utilicen correctamente. En este proyecto, dicha premisa ha fallado.

Es imperativo que las autoridades gubernamentales y ministeriales realicen una revisión exhaustiva de la gestión de este proyecto y adopten medidas concretas para acelerar su ejecución, actuando contra cíclicamente ante un proyecto inviable por su magnitud y costo. La salud de la ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la burocracia y la desarticulación entre los distintos niveles de la administración.

La transparencia en la administración de los recursos y la rendición de cuentas deben ser pilares ineludibles en la política de infraestructura de salud en Chile, premisas que están lejos de cumplirse en la construcción del “nuevo” Barros Luco.