Chile requiere una estrategia seria, basada en responsabilidad fiscal, productividad e integración internacional, no en una demanda interna artificialmente inducida. El desafío no es elegir entre crecimiento y equidad, sino diseñar políticas que los hagan compatibles sobre bases sólidas y sostenibles.

En medio de un ciclo electoral marcado por demandas sociales legítimas, el equipo económico de la candidata Jeannette Jara ha planteado una serie de propuestas que, si bien buscan mejorar la equidad y dinamizar la economía, reviven peligrosamente recetas históricas que han demostrado tener altos costos para el país. Desde una perspectiva de teoría económica, las señales son preocupantes.

Las ideas centrales del programa —como el objetivo de elevar el salario mínimo a $750 mil pesos, alcanzar un crecimiento del PIB del 4% anual y utilizar la “demanda interna” como motor de inversión y expansión económica— configuran una visión que parece desconocer las restricciones estructurales de la economía chilena y omitir lecciones clave de nuestra historia económica.

Aunque la candidata ha sugerido que algunas de estas propuestas podrían estar sujetas a revisión, el economista Luis Eduardo Escobar, jefe de su equipo económico, ha reafirmado públicamente que se trata de metas razonables y deseables, condicionadas al crecimiento económico y a acuerdos políticos. Esta reafirmación, lejos de diluir el compromiso programático, confirma que no estamos ante una propuesta simbólica o preliminar, sino frente a una hoja de ruta económica que, aunque aún en construcción, refleja una intención clara y sostenida.

Salario Mínimo

Desde la teoría microeconómica, los salarios mínimos son una herramienta que, usada con cautela, puede mejorar el bienestar de los trabajadores de bajos ingresos. Sin embargo, cuando se utilizan como instrumento central para impulsar el crecimiento o redistribuir renta sin acompañamiento de aumentos sostenidos en productividad, generan efectos adversos.

En mercados laborales con informalidad o baja productividad –como los que caracterizan sectores relevantes en Chile– un aumento abrupto del salario mínimo puede traducirse en mayor desempleo, informalidad o pérdida de competitividad, especialmente en pymes y regiones. Todo esto en un contexto donde la desocupación alcanzó el 8,9 % entre abril y junio de 2025, con 910 mil personas desempleadas. Y donde la creación anual de empleo fue de solo 141 puestos a nivel nacional.

El equipo de Jara afirma que el alza salarial será un motor para expandir la demanda agregada. Pero esto ignora un principio básico de la macroeconomía: la demanda interna sostenida se construye sobre fundamentos reales, no sobre impulsos transitorios que pueden exacerbar desequilibrios fiscales o inflacionarios.

Proponer que la inversión es inducida por el consumo interno, como si la causalidad operara mecánicamente en esa dirección, invierte el orden lógico de la teoría del crecimiento. El modelo clásico de Solow y los desarrollos posteriores en crecimiento endógeno sugieren que la inversión productiva –pública o privada– responde a expectativas de rentabilidad, acceso a capital, estabilidad macroeconómica y entorno regulatorio. No al consumo inducido artificialmente por transferencias o salarios que superan la productividad marginal del trabajo.

Más aún, cuando se expone que “la inversión es demanda interna”, se cae en una confusión conceptual. La inversión es parte de la demanda agregada, no su consecuencia. Pretender que puede expandirse sin ahorro previo ni incentivos de productividad es suponer una economía sin restricciones intertemporales, donde la política fiscal reemplaza indefinidamente al ahorro privado o externo.

Chile requiere una estrategia seria

El programa de Jara guarda silencio sobre cómo se financiarán sus propuestas en un contexto de severa restricción fiscal. Tras diecisiete años de déficit estructural, la deuda pública bordea el umbral prudente de 45 % del PIB y los fondos soberanos están en mínimos históricos: el FEES equivale apenas al 1,2 % del PIB.

En este escenario, mantener o expandir el gasto social sin una revisión profunda del gasto o sin nuevos ingresos sostenibles resulta inviable. El propio equipo ha admitido que “no hay espacio para bajar los impuestos”, pero si el crecimiento económico es la única esperanza de financiamiento, se cae en un optimismo sin fundamento.

Chile requiere una estrategia seria, basada en responsabilidad fiscal, productividad e integración internacional, no en una demanda interna artificialmente inducida. El desafío no es elegir entre crecimiento y equidad, sino diseñar políticas que los hagan compatibles sobre bases sólidas y sostenibles.