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Eliminar la UF suena a un alivio para las familias, pero puede convertirse en un golpe silencioso al crédito y a la estabilidad financiera.
En los últimos días se ha aprobado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados la idea de legislar un proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como mecanismo de reajuste en contratos tan extendidos como los créditos hipotecarios, los arriendos, los planes de salud y diversos contratos de educación.
La propuesta obliga a que dichos contratos se expresen en pesos corrientes, bajo el argumento de que la UF sube con la inflación mientras los salarios permanecen nominalmente fijos, generando una carga excesiva para las familias.
Eliminar la UF suena a un alivio para las familias, pero puede convertirse en un golpe silencioso al crédito y a la estabilidad financiera.
La UF no es un capricho de la arquitectura financiera chilena: es un instrumento diseñado hace más de cincuenta años para aislar los contratos de largo plazo de la erosión inflacionaria. Gracias a ella, bancos y aseguradoras han podido ofrecer créditos a tasas más bajas y a plazos más largos, porque el valor real de las obligaciones está protegido de shocks inflacionarios.
¿Qué dice la teoría económica?
La teoría de contratos incompletos y de información asimétrica ofrece pistas claras. Cuando se elimina la indexación, el prestamista debe internalizar el riesgo inflacionario que antes estaba neutralizado.
Este riesgo no es simétrico: el deudor conoce mejor su propia capacidad de pago y puede beneficiarse de un entorno inflacionario alto, licuando en términos reales sus obligaciones.
Anticipando esto, el prestamista ajusta las condiciones ex ante: sube las tasas de interés, acorta los plazos y reduce la oferta de crédito. Dicho en simple, se encarece y se hace menos accesible la vivienda propia para los hogares, tal como ya lo han advertido tanto la Asociación de Bancos (ABIF) como la Cámara Chilena de la Construcción.
Además, la literatura sobre incentivos muestra que los contratos sin indexación generan comportamientos oportunistas. Si los precios se pactan en pesos fijos, las instituciones financieras incorporarán una prima de riesgo inflacionario que penaliza a todos los solicitantes, incluso a aquellos más solventes.
Esto no solo encarece el crédito; también reduce la profundidad del mercado hipotecario y la inversión inmobiliaria, afectando tanto a compradores como a desarrolladores y, en última instancia, al crecimiento económico.
¿Y qué ocurre con los mercados de arriendos y salud?
El efecto es similar. Sin la UF, los contratos de arriendo tenderán a reajustarse con mayor frecuencia, generando inestabilidad para arrendadores y arrendatarios. En el ámbito de la salud, las Isapres perderían un mecanismo transparente para ajustar los planes a costos médicos crecientes, trasladando incertidumbre a millones de cotizantes.
El proyecto parte de un legítimo malestar ciudadano, pero al desconocer el rol que cumple la UF genera un problema mayor: en vez de aliviar la carga financiera de los hogares, terminará restringiendo el acceso a productos de largo plazo y encareciendo las condiciones crediticias.
La estabilidad intertemporal que otorga la indexación será sustituida por un entorno de contratos más cortos, tasas más altas y mercados más estrechos.
Consecuentemente, eliminar la UF no elimina la inflación ni las asimetrías de información. Por el contrario, elimina un instrumento que las amortigua.
Desde una perspectiva económica, el proyecto no corrige la raíz del problema —la insuficiente indexación de ingresos o la falta de políticas de protección social más robustas— y puede terminar perjudicando a los mismos agentes que busca beneficiar.
Chile necesita reformas que mejoren el acceso y la equidad, pero siempre cuidando los fundamentos que sostienen mercados profundos y previsibles. La UF no es el problema: eliminarla sería, paradójicamente, crear uno mayor.
