Ley de notarios, crónica de una modernización frustrada

La modernización del sistema notarial chileno acaba de recibir su última estocada. El proyecto de ley que se encuentra ad portas de ser votado en sala, y que se discute desde 2018, es la confirmación de una derrota anunciada. Pese a haber pasado por comisiones, mesas técnicas y una larga tramitación, el resultado final no solo es decepcionante: es una capitulación frente a los intereses corporativos y al miedo al cambio.

Desde el inicio, el debate fue capturado por un lobby feroz de parte del gremio notarial, con escasa apertura a una transformación real. La reforma terminó en una ley tibia, que no enfrenta los problemas estructurales del sector y que, lo más grave, cierra la puerta a una modernización tecnológica significativa.

Ley de notarios: El texto comete dos errores garrafales

El texto mantiene la lógica de la presencialidad y del soporte en papel. En pleno 2025, legislar con el paradigma del siglo pasado es simplemente inaceptable. No aprendimos nada del desfase entre el desarrollo tecnológico y los ciclos regulatorios —basta mirar la ley de delitos informáticos que se actualizó 30 años tarde—. Este proyecto cae en el mismo error, pero peor aún: lo hace a sabiendas.

En 2018, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) fue lapidario: falta de competencia, poca rendición de cuentas, incumplimientos reiterados y procesos tecnológicos arcaicos.

Puedo dar fe de ello: evalué personalmente los procesos tecnológicos usados por las notarías, y eran literalmente del siglo XIX. Las recomendaciones que propusimos fueron claras:

Nada de eso fue recogido con seriedad.

Procesos ineficientes, trazabilidad limitada y costos innecesarios

El colmo del absurdo es la nueva exigencia legal de que las escrituras públicas deben iniciarse en papel. Es decir, en vez de avanzar hacia una digitalización total, retrocedemos hacia un sistema híbrido que combina lo peor de ambos mundos. Resultado: procesos ineficientes, trazabilidad limitada y costos innecesarios para los usuarios.

Este proyecto no es una reforma. Es un maquillaje. Un intento burdo de hacer pasar por modernización lo que en realidad es una defensa encubierta del statu quo. Los notarios seguirán funcionando como en los años 90, mientras el resto del país —y del mundo— se mueve a velocidades digitales.

Perdimos una oportunidad histórica. Y lo hicimos, una vez más, por miedo, por conveniencia, o por simple falta de visión. La modernización del Estado no puede seguir siendo rehén de intereses corporativos. Si esta ley se aprueba tal como está, el sistema notarial chileno seguirá siendo un monumento a la ineficiencia.