Gobiernos regionales: seguridad con atribuciones, no solo con presupuesto

Chile atraviesa una de las crisis de seguridad más complejas de las últimas décadas. En Biobío, las cifras son claras y preocupantes: el 79,4% de las personas cree que la delincuencia aumentó en su comuna, y la provincia de Concepción concentra casi dos tercios de los delitos violentos de toda la región. El avance del crimen organizado, la expansión del narcotráfico, el tráfico de armas y los homicidios no solo deterioran la calidad de vida, sino que también amenazan el desarrollo económico y la estabilidad del tejido social.

En este escenario, no hay espacio para improvisaciones. Y lamentablemente, como país, hemos llegado tarde: tarde a la prevención, tarde a la coordinación y tarde a las soluciones. El problema es estructural, no episódico.

Una muestra evidente es el recién creado Ministerio de Seguridad, que debutó con señales confusas y atribuciones poco definidas. Su primera gran acción fue cerrar Estadio Seguro tras una tragedia en el fútbol profesional que terminó con dos hinchas fallecidos. ¿Qué facultades concretas tiene? ¿Qué medidas se están ejecutando? Nadie lo sabe con certeza.

Una nueva institucionalidad, por sí sola, no garantiza respuestas.

¿Qué hemos hecho en Bío Bío

Como Gobierno Regional, decidimos asumir un rol activo frente a una institucionalidad que aún funciona con lentitud y fragmentación. Si bien nuestras competencias en materia de seguridad se restringen al financiamiento de proyectos, sin atribuciones reales de coordinación o diseño estratégico, comenzamos a avanzar en esa dirección.

En apenas tres meses, y pese a la crítica estrechez presupuestaria, reactivamos convenios abandonados por la administración anterior que, en promedio, registraban un 3,75% de ejecución en el caso de las policías y 0% en Aduanas y la Armada. ¿Qué hicimos? Regularizamos los pagos pendientes y aseguramos la ejecución del presupuesto anual asignado a seguridad.

Solo en estos primeros meses del año, el Gobierno Regional destinará 7 mil millones de pesos, lo que representa el 100% de los recursos comprometidos en los convenios de programación con Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Estos fondos se traducen en iniciativas como la reposición de equipos computacionales para el trabajo investigativo de la PDI; la adquisición de vehículos especializados para la Brigada de Reacción Táctica de Concepción; 35 vehículos para Carabineros; equipamiento operativo; cinco drones; 98 escáneres para el sistema Bitácora Web de las comisarías de la región; vehículos tácticos para el OS7; y la reposición de la Comisaría de Hualpén.

Sabemos que financiar no basta. Lo relevante es que esos recursos generen impacto.
En esa línea, estamos impulsando una acción concreta: levantar un diagnóstico riguroso que nos permita avanzar hacia el diseño de un Centro de Monitoreo Integrado entre comunas y ciudades. Este proyecto busca establecer estándares, identificar brechas y trazar una hoja de ruta para la inversión pública en tecnología de seguridad, con criterios técnicos exigentes, actualización permanente y una visión estratégica de largo plazo.

Además, recorrimos el país levantando experiencias exitosas en comunas como Providencia, Vitacura, Iquique y Alto Hospicio. Modelos distintos, pero con un factor común: gestión estratégica, tecnología aplicada y articulación efectiva con las policías. Estas prácticas ya están siendo analizadas para su eventual adaptación al contexto regional.

A nivel local, Hualpén destaca por mantener operativas 606 cámaras de vigilancia en la vía pública y 300 al interior de establecimientos educacionales y centros de salud, todas gestionadas en coordinación con Carabineros y Bomberos.

Más atribuciones locales

Este tipo de ejemplos refuerzan la necesidad de nutrir de mayores atribuciones a los municipios y fortalecer sus capacidades en seguridad. Nadie conoce mejor la realidad de cada comuna que sus propios equipos, y por eso soy partidario de avanzar hacia policías municipales con competencias claras, que permitan apoyar de forma efectiva la prevención y el control del delito.

Experiencias como estas nos impulsan a asumir compromisos concretos de inversión, reconociendo que la seguridad pública debe ser un eje prioritario de trabajo conjunto y un pilar central en la coproducción de seguridad que hoy el país necesita.

Sin embargo, este esfuerzo tiene un límite: la actual legislación no permite a los gobiernos regionales liderar en materia de prevención. Por eso, resulta urgente aprobar el proyecto de ley anunciado en la cuenta pública presidencial de 2023, respaldado por la Cámara de Diputadas y Diputados y que hoy reposa en el Senado. Esta iniciativa permitiría la creación de Divisiones Regionales de Prevención del Delito, con facultades claras para diseñar, coordinar e implementar estrategias regionales, apoyar a los municipios y colaborar en la atención a víctimas.

No se trata de duplicar funciones ni competir con el Ministerio de Seguridad. Se trata de abordar un fenómeno territorial desde el propio territorio. Hoy, el delito no reconoce límites comunales, y la respuesta del Estado tampoco puede seguir fragmentada.

Cada recurso asignado debe tener resultados medibles

Este mes daremos un paso más: convocamos a un panel regional de expertos, alcaldes y directores de seguridad para abordar una dimensión clave: la rentabilidad social y territorial de la inversión en seguridad. Nuestro objetivo es que cada recurso asignado tenga resultados medibles y sostenibles.

El país necesita gobiernos regionales con capacidades reales para actuar, coordinar y planificar. La descentralización no puede seguir siendo una aspiración. En seguridad, como en prácticamente todas las materias, o se descentraliza con responsabilidad o se continúa postergando las soluciones.

Biobío está avanzando. Lo estamos haciendo con rigor técnico, voluntad política y articulación. Pero para responder con la urgencia que la ciudadanía exige, necesitamos el respaldo normativo que nos permita liderar esta tarea con todas las herramientas disponibles. Porque la seguridad es un derecho. Y garantizarlo es, también, una decisión política.