La reciente negociación de la reforma de pensiones en Chile ha dado lugar a un sistema que parece más un diseño transitorio y confuso que una solución estructural a los problemas previsionales del país.
Este “sistema híbrido en desequilibrio” refleja un intento de amalgamar demandas sociales, intereses privados y objetivos gubernamentales, sin que ninguno de estos elementos logre armonizarse plenamente.
¿El resultado? Una estructura que puede aumentar en el mediano plazo el malestar con un sistema de pensiones que ha desarrollado diversas instancias con miras a una solución, sin éxito.
No se debe olvidar que uno de los pilares de la crisis de legitimidad del sistema político en Chile ha radicado en la incapacidad de resolver adecuadamente el tema de pensiones. Y ello ha terminado en un sistema subsidiado a través de la PGU que, mediante transferencias directas a los hogares, resuelve las urgencias, participando en promedio en generar un aumento del 40% de la pensión promedio.
Este mecanismo ha calmado las ansias de la ciudadanía, pero siendo a cargo de gastos generales, en rigor su método de financiamiento es externo al sistema de pensiones y aparece como una solución ante la crisis de legitimidad posterior al estallido social de 2019.
La propuesta de un sistema híbrido no es un caso único de Chile
Siendo justos, es bastante normal que se combinen distintos pilares —capitalización individual, solidaridad intergeneracional y aportes fiscales— para garantizar pensiones adecuadas, sostenibles y equitativas.
Los ejemplos internacionales exitosos muestran que el equilibrio entre estos componentes es esencial para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, el modelo que surge de las negociaciones en Chile no logra integrar estas partes de manera coherente.
No es normal la alta dependencia del pilar solidario que, en vez de ser un complemento, para gran parte de la población, es en realidad el principal ingreso. La tasa de reemplazo, según algunas investigaciones, sería bajísima sin el concurso de la PGU. Por supuesto, podemos pensar que la PGU es un instrumento más del sistema de pensiones, pero en realidad estos sistemas están basados en algún procedimiento de financiamiento derivado del mismo sistema. Es decir, ya sea con capitalización individual o reparto intergeneracional.
La hipertrofia de la PGU es señal de una incapacidad sistémica de producir pensiones adecuadas y una incapacidad política de legitimar el actual funcionamiento.
La reforma de pensiones ha ido avanzando en una dirección que parece ya encontrar su rumbo, aun cuando el proceso ha sido permanentemente inestable y, por ello, no se puede dar por zanjado el acuerdo que el gobierno ha logrado con la derecha. De todos modos, vale la pena señalar que el avance de la última semana parece más sólido desde el punto de vista político. Pero eso no resuelve las dificultades en términos de política pública.
Reforma de pensiones: ¿Diseño técnico o negociación política?
Cierto es que la reforma introduce nuevas reglas que pueden ser consideradas avances, como licitaciones periódicas, que buscan abaratar costos. Sin embargo, hay quienes señalan que estos procedimientos podrían desincentivar la participación de actores privados robustos, lo que podría suponer una merma en la estabilidad y previsibilidad que requiere un sistema de largo plazo.
También se ha planteado que el componente solidario se financiará con un 6% de cotización adicional del empleador. Sin embargo, este aporte se divide en varios destinos (seguro social, beneficio transitorio y ahorro individual), lo que diluye su impacto redistributivo y genera confusión sobre los beneficios reales para los afiliados.
La introducción de un Administrador Previsional Autónomo (APA) y un Inversor Público y Autónomo (IPPA) añade capas administrativas que intentan corregir las fallas del modelo privado. Sin embargo, la coexistencia de estas nuevas entidades con las AFP podría generar duplicidad de funciones y conflictos de interés, más que garantizar un control eficiente.
La propuesta que hemos llamado “sistema híbrido no equilibrado” no es fruto de un diseño técnico claro, sino de una negociación política que buscó contentar a todos los actores involucrados: las AFP, los empleadores, los trabajadores y los partidos de gobierno y oposición.
Este intento de satisfacer intereses dispares ha producido un modelo que ni elimina las AFP ni las transforma sustancialmente, ni refuerza suficientemente el rol del Estado como garante de la seguridad social. La estructura del sistema quedará dispersa con una fuerte exigencia al Estado, pero no en tanto de parte del sistema de pensiones, sino fundamentalmente a partir de su apoyo a los hogares mediante la Pensión Garantizada Universal (PGU). Respecto al seguro social propuesto, que debería ser el corazón de un modelo solidario, parece más un complemento marginal que una transformación estructural.
¿Qué consecuencias podemos esperar?
1. Incertidumbre e ineficiencia:
La coexistencia de múltiples administradores y pilares mal integrados podría generar confusión tanto para los afiliados como para los administradores. El aumento de costos administrativos es una posibilidad real. La documentación técnica aportada para la reforma no parece permitir deducir las soluciones planteadas de los datos entregados.
2. Falta de legitimidad social:
Un sistema que no logra satisfacer las demandas de justicia y solidaridad corre el riesgo de ser percibido como un simple “parche”. Esto podría aumentar la desconfianza ciudadana en las instituciones y deslegitimar el esfuerzo reformista. Siendo evidente que el actual gobierno tiene una vocación de cambios estructurales marcada en su discurso político, sin duda un mecanismo confuso puede prolongar la crisis de legitimidad de Chile.
3. Efectos limitados en las pensiones futuras:
La fragmentación de los aportes y la falta de un diseño sólido podrían derivar en un sistema incapaz de mejorar significativamente las pensiones futuras, perpetuando la insatisfacción social.
El híbrido
El concepto de un sistema híbrido no es, en sí mismo, negativo. De hecho, muchos países exitosos han implementado modelos mixtos que combinan capitalización, solidaridad y aporte fiscal. Sin embargo, el modelo que surge de las negociaciones en Chile carece de equilibrio y claridad. Es un híbrido que parece más una acumulación de compromisos políticos que una solución técnica efectiva.