...Podríamos estar ante una historia que tuvo un punto de partida auspicioso, pero que podría concluir con Chile y nuestra región sentados en un banco en el borde costero del estrecho de Magallanes, siendo testigos silenciosos de un pasaje marítimo gestionado y mejor aprovechado por terceros Estados que se adelantaron a la historia.

El pasado

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA) no solo resolvió una disputa limítrofe en el mar austral, sino que también fijó el límite en la boca oriental del estrecho de Magallanes, a través de una línea recta que unió al Hito 1 en el Cabo de Espíritu Santo en Tierra del Fuego con el hito ex baliza Dungeness, en el continente.

No considerada originalmente en la mediación, Chile y Argentina decidieron incluir la delimitación oriental en el estrecho de Magallanes, donde ambos países mantenían diferencias. Esto se resolvió a través de una transacción política (y no jurídica), impidiendo la proyección oceánica de Chile sobre espacios oceánicos que se adentraban hacia el océano Atlántico.

En el caso de los hitos que referencian la línea limítrofe sobre sus aguas, ambos quedaron establecidos en el Tratado de Límites con Argentina de 1881, pero en el caso del hito situado en el Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego -en algunos tratados “del” Espíritu Santo-, este encontró su ubicación definitiva recién 13 años después con la aclaración dispuesta por el Protocolo adicional de 1893.

El dominio y las atribuciones de Chile en el estrecho de Magallanes quedaron selladas en el Tratado de 1881, aunque con dos limitaciones: la libertad de navegación y la neutralidad del estrecho de Magallanes.

El presente

La libertad de navegación y la neutralidad del estrecho de Magallanes no solo establecen garantías a la navegación internacional por este pasaje marítimo, sino que imponen responsabilidades y deberes al Estado de Chile. Especialmente, en el contexto de un pasaje marítimo cuya importancia política ha crecido inesperadamente en estos últimos cinco años, es crucial evitar imprudencias como la cometida por nuestro país en 2010 y 2011, cuando adhirió a una resolución -en el marco de UNASUR y MERCOSUR, respectivamente-, que prohibió el acceso a sus puertos de los barcos con bandera de Malvinas.

Una postura que también encontró eco en nuestra Cancillería a fines de 2022, cuando en un audio filtrado a la opinión pública, tomamos conocimiento de la prohibición de acceso al estrecho de Magallanes y al astillero naval de Punta Arenas (ASMAR) al patrullero de alta mar británico HMS Forth.

Dichos descuidos legales alentaron ambiciones como la del gobierno kirchnerista de promover la tesis de considerar como un “espacio compartido” con Chile la “exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes” (Directiva de Política de Defensa Nacional de Argentina, 2021).

El incidente -nunca aclarado-, de la inexcusable demora de las instituciones responsables en prevenir por la instalación de paneles solares argentinos sobre territorio chileno en el sector del hito 1 del Cabo Espíritu Santo en Tierra del Fuego, no solo refleja la falta de pedagogía legal en el ejercicio de la soberanía chilena sobre el estrecho, sino la importancia de sistematizar en un manual la normativa que regula el dominio, el uso, garantías, limitaciones y derechos que impone el estrecho de Magallanes.

El futuro: una visión de Estado

Que Chile se beneficie del aumento del tránsito de buques por el estrecho de Magallanes, es una posibilidad concreta que hay que mirar en varias capas. El aumento significativo del tránsito de barcos por sus aguas coincide con la falta de infraestructura portuaria de volumen en las costas del estrecho de Magallanes, un déficit crucial considerando su ubicación en el centro de un nuevo polo geopolítico, en la que confluyen grandes intereses de las potencias. Pesca, energía, medio ambiente, seguridad, Antártica, son solo algunos de los factores que confluyen en Magallanes y sus océanos adyacentes.

Si la intención es sacar provecho político y económico del estrecho de Magallanes, no bastan portadas o declaraciones de intenciones, menos lecturas parciales o superficiales, sino que debemos alentar un debate profundo y desmontado de la coyuntura política, sobre lo que significa -y sus perspectivas- del estrecho de Magallanes en esta nueva construcción geopolítica.

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De lo contrario, podríamos estar ante una historia que tuvo un punto de partida auspicioso, pero que podría concluir con Chile y nuestra región sentados en un banco en el borde costero del estrecho de Magallanes, siendo testigos silenciosos de un pasaje marítimo gestionado y mejor aprovechado por terceros Estados que se adelantaron a la historia.
- Alejandro Kusanovic