La fuga en Ecuador de Jose Adolfo Macías, “Fito”, líder de Los Choneros, un narcotraficante ligado a un cartel mexicano, abrió el pórtico para una escalada de violencia criminal entre lunes y martes.
Para tener una comparación, aunque sea mínima, en el periodo de Rafael Correa, hace 12 años atrás, había 5 víctimas por cada 100.000 habitantes, hoy son 42 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Claro está, que esas cifras provenían de índices proporcionados en ese gobierno que gozaban de poca credibilidad, pues durante ese período se incubó esta tendencia de largo plazo que es la expansión de los carteles mexicanos y colombianos en Ecuador, los que subcontrataron en principio a los delincuentes locales, para luego tomar la gestión de la droga y el control del crimen.
Lentamente, tomando sus cinco puertos, el principal Guayaquil, para la exportación a Estados Unidos y Europa, Ecuador se ha constituido en un Estado capturado por el crimen organizado transnacional organizado (COT).
Conflicto armado interno
Razón no le falta al presidente Daniel Noboa para declarar el estado “conflicto armado interno” contra el COT y organizaciones locales, e involucrar a las fuerzas armadas en su contención.
La evidencia es contundente: el control de las cárceles fue un primer paso de manual, tal como en otros casos –Italia o Colombia décadas atrás y Venezuela hace poco-: los recintos penitenciaros se convirtieron en centros de mando y control, protegidos y autogestionados. Allí la ley de los internos se estructura a través de sus cabecillas e impone sus normas al resto, de modo que las cárceles se transforman en recintos protegidos por el Estado, llenos de privilegios y partes de la operación criminal.
Todos los estudios recalcan la necesidad de acciones para controlar estas rebeliones y actos delictivos anulando sus mandos. Pero no es lo único, a ello se suma la cooptación de sectores del Estado como aduaneros, policías y ahora jueces.
Durante Correa las autoridades estatales consideraron el crimen organizado transnacional como algo menor, y, en consecuencia no pusieron atención al control ejercido en los puertos.
Ahí llegaron albaneses, mexicanos y colombianos que se fueron tomando la actividad delictual hoy dividida en 22 grupos distintos y ya con poder de fuego superior a los agentes de la ley.
Crimen organizado transnacional
En este sentido el fenómeno del COT se asocia a una mayor movilidad de estos grupos, con culturas del crimen incrementales, pues superan las prácticas preexistentes, introduciendo otras de mayor violencia física y simbólica (por ejemplo, quemas de personas, entierros en vivo o la “corbata colombiana”).
El COT, por otra parte, no es simplemente crimen, sino que se potencia por estructuras jerarquizadas o en red tipo franquicia, que aumentan exponencialmente su impacto en la sociedad.
Así también su rentabilidad y operación se divide amplificando su resiliencia frente a la justicia y la policía. En el secuestro de la televisora, por ejemplo, los asaltantes recibían instrucciones desde fuera del recinto.
En esta generación, no solo para Ecuador, las técnicas de guerra asimétrica apropiadas por los grupos delictuales, para llamar la atención del Estado, se hacen efectivas.
Si en Italia se reducen a huelgas para no sacar la basura (empresas donde las organizaciones son normalmente sus gestores) en América Latina se traduce en golpes de efecto sobre la gobernabilidad; la asonada del martes 10 de enero, incluido el secuestro de un canal de televisión pública, que exige la liberación de presos, mientras genera asesinatos de policías y gendarmes, coches bombas, toma de calles, y quema de bienes.
El colapso del orden público justifica que la respuesta jurídica sea la aplicación de las leyes antiterroristas y el concurso de las fuerzas armadas. Todo el Congreso además apoyó la petición del Ejecutivo para dar inmunidad a policías y militares que empleen sus armas en conjurar esta situación.
Pero, desgraciadamente, esta situación de Ecuador no es fuera de lo normal para la región.
Venezuela, Guatemala ya son Estados semi fallidos con altas tasas de criminalidad. Colombia y México conviven con corrupción y crimen organizado, y se agregan dramáticamente Perú y Ecuador. Chile y Uruguay presentan índices no vistos en décadas, añadiéndose en que en el primero parece instalarse en Tren de Aragua, también protagonista en Perú.
Se da la paradoja que una región sin conflictos interestatales activos, sea en cambio la con mayor cantidad de homicidios por cada cien mil habitantes en el mundo.
Esa violencia proviene de la delincuencia- y a veces la política que coquetea con esta- y hace de Ecuador el actual, pero no el último país que está entre la espada y la pared.
Esto explica el aura de Bukele, y pese a las protestas de organizaciones de derechos humanos, se da la confirmación del aserto que lo peor no es un mal gobierno, incluso de naturaleza coercitiva, sino la ausencia de este.
