¿Sabía Usted que en 1969 había sólo 5 partidos políticos representados en la Cámara de Diputados? La Democracia Cristiana (56 escaños), el Partido Nacional (33), el Partido Radical (24), Comunista (22) y Socialista (15). Ello con un sistema electoral proporcional, con 29 distritos que elegían desde 1 a 18 escaños en proporción a su población.
¿A qué se debe que, a pesar de que hoy día los distritos son más pequeños y eligen entre 3 y 8 escaños cada uno, haya 21 partidos políticos representados en la Cámara, con la consiguiente dificultad de gobernabilidad y construcción de mayorías que produce este alto grado de fragmentación?
Y antes no había un umbral mínimo de votos nacionales como lo propone la Comisión de Expertos, pero los partidos representaban grandes corrientes de opinión diferenciadas en la sociedad y estaban obligados a competir con sus propias ideas y candidaturas, pues la ley prohibía los pactos electorales entre diferentes partidos.
En marzo de 1973, en una situación de polarización extrema, tanto la oposición como el oficialismo sortearon la aplicación de la ley con el subterfugio de estructurar dos grandes partidos federados, la Confederación de la Democracia (CODE) y la Unidad Popular (UP), lo que provocó el aumento del número de partidos a 10, pues en la UP se eligieron diputados del MAPU (2), la Acción Popular Independiente (2) y la Izquierda Cristiana (1), mientras en la oposición dos partidos escindidos del Radicalismo sumaban 3 diputados.
El sistema Binominal conversaba muy bien con la necesidad de pactos electorales entre partidos, pues elegía sólo dos escaños por distrito, exigiendo grandes agrupaciones. Sin embargo, en 2014, última legislatura elegida bajo ese sistema electoral, había 9 partidos políticos, bastantes más que los 5 de 1969 y sólo uno menos que los 10 partidos de 1973, aunque en 2014 había 3 independientes fuera de pacto, mientras que en 1969 y 1973 no había ninguno.
El reemplazo del sistema binominal por uno proporcional inclusivo manteniendo la posibilidad de pactos electorales entre partidos diferentes, provocó el inmediato crecimiento en el número de partidos, eligiéndose en 2017 representantes de 16 partidos políticos. Se agregó Evopoli en la derecha, ingresaron 6 partidos del Frente Amplio, también el PRO y los Regionalistas Verdes. En 2021 el número de partidos con representantes electos se elevó a 21, con el ingreso de Republicanos, el Partido de la Gente y otras 3 pequeñas formaciones políticas que eligieron un diputado cada una.
Es evidente que el nivel de fragmentación política es excesivo, casi incompatible con la gobernabilidad. Pero el antídoto está a la mano, es muy simple, rigió durante varias décadas en Chile junto al sistema proporcional, cual es la prohibición de que diferentes partidos se agrupen para presentarse a la elección parlamentaria en un pacto electoral. Esto naturalmente desincentiva la partida de sectores de un partido para constituir otro y alienta a las pequeñas formaciones políticas a converger en grandes partidos que tengan un correlato claro con las corrientes opinión realmente existentes en la sociedad. Si se aplicara esta prohibición y cada partido se presentara solo frente a los electores, tendríamos seguramente 5 a 7 grandes formaciones políticas en Chile.
Porque hoy día tenemos partidos que son completamente indiferenciados y comparten el mismo nicho electoral. Eso ocurre en la centroderecha, no existe un electorado UDI, otro RN y un tercero de Evopoli, lo que hay es una franja de electores que se identifica y reconoce en ese sector político, votando por quien mejor lo encarne en el momento y el distrito determinado, sin importar a qué partido pertenece.
De hecho, la distancia entre los extremos de RN, por ejemplo, es mucho mayor que la distancia que separa a la UDI de Renovación Nacional. Lo mismo se puede decir de RD, Convergencia Social, Comunes y los demás del Frente Amplio, su electorado es el mismo, los electores no reconocen diferencias significativas entre un partido y otro. La misma realidad viven los partidos afiliados a la Internacional Socialista, como el PPD, PS y PR. Y semejante análisis podría hacerse para el centro político, tanto el histórico como el emergente.
Los partidos que se explican sólo por sus caudillos desaparecerían o se integrarían dentro de grandes formaciones políticas, pues sobreviven gracias al paraguas electoral que les brindan los pactos.
No se entiende por qué la Comisión Experta primero y luego el Consejo Constitucional, que tienen perfecta consciencia de la necesidad de medidas que provoquen la reducción de la fragmentación política, no eche mano a esta medida tan simple cuyos efectos están comprobados en nuestra propia historia. Y sin meterle la mano a la urna, es decir, sin cambiar los resultados de las decisiones del pueblo.
Porque establecer, como lo propone la Comisión Experta, que alguien que resulte electo en un distrito deba entregar su escaño a otro candidato con menos votos porque su partido no superó el 5% en el país, es una medida que modifica la decisión popular, al dejar fuera a una persona contra la voluntad ciudadana que la quiso elegir como su representante. Es, además, una herramienta centralista, porque si un partido no está presente en la Región Metropolitana, le costará muchísimo superar el 5% de votación nacional.
Tendrá, además, un efecto no esperado, alentando a candidatos de partidos medianos a presentarse como independientes fuera de pacto, porque obviamente el requisito del 5% no aplica para candidaturas independientes. Eso podría justamente ser vulneratorio de la igualdad ante la ley, pues ésta no afectará a candidaturas independientes que sean electas y sí lo hará cuando se trate de personas electas que tienen la desgracia de formar parte de un partido que no alcanza el quorum electoral nacional requerido.
La virtud de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional debiera ser su desapego de los intereses corporativos de los partidos a la hora de resideñar el sistema político, pero en lo que a esto respecta, están optando por los partidos políticos contra la gente. La prohibición de pactos electorales entre partidos diferentes sólo afecta a los partidos, la decisión de dejar fuera a un candidato que la gente eligió como su representante afecta sin duda a los ciudadanos que lo eligieron. Podría darse que personas que obtengan la primera mayoría en sus respectivos distritos deban ceder su escaño a personas que obtuvieron muchos menos votos y representen una opción política completamente distinta.
El desafío que los Consejeros Constitucionales tienen por delante es difícil en el contexto actual de desinterés por el proceso constituyente, de decepción por el trabajo previo de la Convención, y la desconfianza generalizada en la política, como para agregar esta decisión que contraría de manera tan flagrante el sentido común y la decisión de los electores.
Aún es tiempo de corregir. Prohibir los pactos electorales es una medida mucho más efectiva e indolora para alentar la convergencia en grandes partidos, sin alterar las preferencias de las personas al elegir a sus representantes.
