Señor Director:

Los recientes hechos de violencia en colegios han encendido las alarmas y los ojos están nuevamente puestos sobre el sistema de educación.

Mientras que los problemas de convivencia se han duplicado en la última década, la respuesta política ha sido asignarle (injustamente) su solución a las comunidades escolares, principalmente por la vía de protocolo.

El efecto es que ha crecido la carga burocrática que enfrentan docentes y equipos directivos. A ello se suma la progresiva externalización de los conflictos: situaciones que antes se resolvían al interior de las escuelas hoy escalan a instancias administrativas o judiciales, dejando a los colegios fuera. Así, el tiempo que debiera destinarse a gestionar la convivencia, se consume en tareas formales.

Por eso no es de extrañar que ante los hechos vividos en Calama, las medidas impulsadas por la autoridad profundicen esa lógica, agregando nuevas exigencias y responsabilidades a equipos escolares agobiados.

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En un contexto donde muchos estudiantes no encuentran contención en sus hogares, el vínculo con sus profesores se vuelve especialmente relevante.

Pero ese espacio se debilita cuando quienes educan tienen poco margen de acción para reaccionar, ya que deben concentrarse más en el papeleo que se les exige que en su labor pedagógica.

Las escuelas no pueden resolver por sí solas el problema de la violencia, pero podrían ser de gran ayuda para enfrentarlo si resguardamos su capacidad de educar y les entregamos más autonomía para gestionar sus conflictos.

Florencia Croxatto
Economista de Pivotes