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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Cuatro exdirectivos de la Municipalidad de Maipú, Ana María Cortés, Juan Carlos Quezada, Matías Silva y Andrea Díaz, fueron condenados por fraude al fisco en la gestión de la exalcaldesa Cathy Barriga. El tribunal dictaminó penas de 4 años de presidio menor para Cortés, Quezada y Silva, sustituidas por libertad vigilada intensiva, y 800 días de presidio menor para Díaz, también reemplazada por una pena sustitutiva. Todos fueron declarados responsables por los hechos, según indicó el Magistrado Hugo Torres.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago condenó a cuatro exdirectivos de la Municipalidad de Maipú por el delito consumado de fraude al fisco, en una de las aristas de la investigación vinculada a la administración de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Se trata de Ana María Cortés, Juan Carlos Quezada, Matías Silva y Andrea Díaz, quienes se desempeñaron como directores durante la gestión municipal y aceptaron los hechos contenidos en la acusación en el marco de un procedimiento abreviado.

El tribunal condenó a Cortés, Quezada y Silva a 4 años de presidio menor en su grado máximo, penas que fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva. En tanto, Andrea Díaz fue condenada a 800 días de presidio menor en su grado medio, sanción que también cumplirá mediante una pena sustitutiva.

Todos los participantes ahora fueron declarados responsables de los hechos. Así lo indicó el Magistrado del Noveno Juzgado de Garantía, Hugo Torres.

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Responsabilidad penal de imputados

Uno de los principales puntos debatidos durante la audiencia fueron las multas solicitadas por la Fiscalía y los querellantes.

Por parte del Ministerio Público, el fiscal adjunto Cristóbal Salazar, señaló la intención de esta rebaja una vez asumida la responsabilidad de los hechos acusados por la colaboración que tuvieron los imputados para la investigación del caso.

El tribunal resolvió rebajar sustancialmente dichos montos, aplicando sanciones de entre 20 y 40 UTM, considerando la situación económica de los condenados y otros antecedentes expuestos durante la audiencia.