La Municipalidad de Lo Prado, encabezada por el alcalde Maximiliano Ríos, oficiará a los parlamentarios del Distrito 9 para advertir sobre los efectos que tendría la eliminación de contribuciones contemplada en el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico Social, también llamado “megarreforma” o Ley Miscelánea.
Esta acción fue acordada en la sesión ordinaria N.º 13 del Concejo Municipal, realizada el pasado 5 de mayo, donde fue aprobada por mayoría (con dos votos en contra y seis a favor) tras un análisis previo en la comisión de Administración y Finanzas.
Específicamente, se hace alusión a la preocupación por el impacto que tendría en las finanzas municipales el artículo 12 del proyecto, referido a la exención total del impuesto territorial contemplada en la iniciativa ingresada al Congreso el pasado 22 de abril de 2026.
Esta medida, según el municipio, podría afectar directamente la recaudación del Fondo Común Municipal (FCM), el principal mecanismo de redistribución de recursos entre las comunas del país.
Alcalde de Lo Prado e impacto de proyecto que elimina contribuciones
El jefe comunal señaló que la eliminación de contribuciones no necesariamente beneficia a quienes más lo necesitan en su comuna.
“Aquí hay que poner los datos sobre la mesa. En Lo Prado, solo el 3% de las personas mayores de 65 años paga contribuciones“, expresó Maximiliano Ríos.
Además, el alcalde agregó: “Estamos hablando de una política que no está focalizada en los sectores más vulnerables, pero que sí puede tener un efecto muy negativo en el financiamiento de los municipios y, en consecuencia, en los servicios que reciben nuestros vecinos”.
De igual manera, Ríos advirtió que una eventual caída de los recursos del Fondo Común Municipal impactaría directamente en áreas sensibles como seguridad, mantención urbana y programas sociales, afectando principalmente a comunas con menor base de ingresos propios, como Lo Prado.
A través del oficio a los parlamentarios del distrito, el municipio busca incidir en la discusión legislativa y hace un llamado a evaluar mecanismos que resguarden la sostenibilidad financiera de los gobiernos locales, sin comprometer la equidad territorial.