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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República liberó el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 21, revelando que 6.311 funcionarios públicos habrían trabajado mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. De ellos, 2.538 recibieron remuneraciones de otras instituciones, 3.611 percibieron honorarios por trabajos realizados, y 162 registraron ambos tipos de ingresos. Se detectaron reincidencias en irregularidades, con casos de trabajadores que obtuvieron pagos a través de aplicaciones como Cabify y Rappi. La Contraloría remitirá estos antecedentes a la fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado, y notificará a las instituciones para iniciar procedimientos disciplinarios.

La Contraloría General de la República liberó este lunes 30 de marzo el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 21, documento que cruzó datos de licencias médicas con registros de ingresos del Servicio de Impuestos Internos (SII). El análisis abarcó los años tributarios 2024 y 2025, correspondientes a los periodos 2023 y 2024. En el detalle, 6.311 funcionarios públicos habrían vulnerado el reposo indicado en sus licencias médicas entre los años 2023 y 2024, registrando trabajos e ingresos provenientes de otros empleadores en los mismos periodos en que se encontraban con licencia.

El análisis de la Contraloría consideró 1.421.361 licencias médicas del total registrado por la SUSESO, enfocándose en aquellas sucesivas que conformaban uno o más meses calendario completos. De esta base, se identificaron 48.682 licencias médicas asociadas a los casos detectados.

De los 6.311 servidores públicos involucrados, 2.538 recibieron remuneraciones de otras instituciones del sector público o privado durante su reposo. Otros 3.611 percibieron honorarios por trabajos realizados en ese mismo lapso, y 162 registraron ambos tipos de ingresos.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, la licencia médica es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar, otorgado por profesionales de la salud, que permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral. “Si se incumple el reposo prescrito, como acontece cuando se realizan trabajos, sean estos remunerados o no, corresponde el rechazo de la licencia médica”, señala el documento de la CGR.

Reincidencias en irregularidades en materia de licencias médicas

Entre los casos detectados, 150 servidores públicos obtuvieron pagos a través de plataformas digitales de intermediación de servicios. Estas incluyen aplicaciones de transporte de pasajeros, entrega de alimentos, compras u otros encargos, como Cabify, Pedidos Ya, Rappi, Uber Eats y Uber, entre otras.

La Contraloría también advirtió que varios de estos mismos funcionarios ya habían sido señalados en informes CIC previos por otras irregularidades relacionadas con el uso indebido de licencias médicas. Un total de 862 servidores aparecieron en el CIC N°9 por haber salido del país durante su periodo de reposo médico.

Asimismo, 427 funcionarios fueron informados en el CIC N°15 por haber asistido a casinos de juego mientras se encontraban con licencia. Además, 138 servidores figuraron tanto en los informes de viajes al extranjero como en el de casinos de juego, acumulando múltiples infracciones.

La SUSESO ha dictaminado que si un trabajador tiene dos o más empleadores distintos, debe presentar una licencia médica por cada uno de ellos, según se indica en el Dictamen O-01-S-03566-2025. El incumplimiento del reposo al realizar teletrabajo desde el hogar también constituye causal de rechazo de la licencia, conforme al Dictamen N°42470 de 2023, precisó la Contraloría.

Entidades con mayor número de casos

El análisis de la CGR reveló que el 46% de los funcionarios involucrados pertenece al sector municipal, el 26% al sector salud, el 17% al sector educación y el 11% a otras áreas. Entre las entidades con mayor cantidad de funcionarios que habrían trabajado durante su reposo destacan Fundación Integra, con 1.838 licencias médicas asociadas, y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 1.733.

Otras instituciones con cifras relevantes son el Servicio de Salud Concepción (846 licencias); la Universidad de Chile (802); el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota (790); y el Servicio de Salud Maule (688). También figuran el Hospital Doctor Sótero del Río (544) y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (453), entre otros.

En el marco de su cuenta pública, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso estos antecedentes y sostuvo que “6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.

Remisión de antecedentes a fiscalía por funcionarios que no respetaron la licencia médica

La Contraloría expuso que notificará a las instituciones involucradas para que inicien los procedimientos disciplinarios tendientes a investigar las situaciones descritas. Las entidades deberán informar el inicio de estas investigaciones en el sistema SIAD de la CGR, a más tardar al quinto día desde su notificación.

Asimismo, el CIC y sus antecedentes de respaldo serán remitidos a la COMPIN y a la SUSESO para los efectos que correspondan, indicó la CGR. Además, la Contraloría enviará estos antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que procedan.

El análisis incluyó licencias aprobadas y rechazadas, excluyendo licencias parciales y aquellas cuyos titulares habían fallecido al momento del cruce de información. En el caso de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, se excluyeron aquellos que cotizan en DIPRECA y CAPREDENA, aclaró el documento.

Entre los 6.311 funcionarios públicos, 682 corresponden a servidoras con licencia de pre y post natal. El análisis consideró también las licencias de tipo maternal, con reposo parcial, aunque para el cruce se tomaron únicamente aquellas que sumaban uno o más meses completos, según el mismo informe.

Revisa el CIC N° 21 de Contraloría, aquí: