La Fiscalía Metropolitana Oriente consiguió la segunda sentencia condenatoria dentro de la causa Factop, derivada del Caso Audio. Este jueves se formalizó la condena por el delito de cohecho en contra de Renato Robles, exfuncionario de la Tesorería General de la República (TGR).
La sentencia se logró mediante un procedimiento abreviado, donde el imputado aceptó su responsabilidad ante los cargos.
La pena impuesta incluye la reclusión menor en su grado medio, es decir, 3 años. El tribunal también decretó para Robles la remisión condicional de la condena.
Adicionalmente, el exfuncionario de la TGR recibió una inhabilitación absoluta temporal por 5 años para ejercer cargos u oficios públicos. Deberá pagar una multa equivalente al doble del monto del cohecho, fijado en 3 millones de pesos.
Fiscalía explica condena en arista Factop por Caso Audio
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, explicó que “él (Robles) hoy día ya está condenado en esta causa a una pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio, más una inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo de 5 años y además también a pagar una multa equivalente al duplo del monto del cohecho”, explicó la autoridad.
Asimismo, el persecutor precisó que “finalmente el tribunal le concedió una pena sustitutiva de remisión condicional”. El representante del Ministerio Público destacó que “se otorgó todo lo pedido por la Fiscalía y también por el querellante, que es el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.
De esta forma, Robles se convierte en el segundo condenado dentro de la arista penal del caso, que investiga una red de corrupción, lavado de activos y delitos tributarios vinculados al grupo financiero Factop.
El exfuncionario de la TGR se suma a Marcelo Medina, excontador del Grupo Patio, quien en agosto pasado se declaró culpable de lavado de activos, infracciones tributarias, administración desleal y vulneración a la Ley del Mercado de Valores.
Solicitan reformalizar a Antonio Salas
Sobre los otros imputados, el fiscal aclaró que se pidió una audiencia para “debatir acerca de una suspensión condicional, pero además una reformalización de Antonio Salas respecto de puntos específicos”. Araya precisó que “estas imputaciones que han surgido en el transcurso de la investigación no podrían quedar fuera” de un eventual procedimiento abreviado.
Respecto a las dificultades para alcanzar acuerdos en otros casos derivados del Audio, el fiscal señaló que “para la concurrencia de un procedimiento abreviado tiene que haber penas que se ajusten a los márgenes establecidos en la ley”. Explicó que algunos querellantes consideran que no se reúnen los requisitos, ya que “no se les habría reparado celosamente el mal causado por algunos imputados”.
El fiscal concluyó que “efectivamente, eso es uno de los principales escollos que hay en este momento”, refiriéndose a la falta de reparación del daño a las víctimas por parte de algunos de los investigados.