El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó que siete funcionarios de Gendarmería están imputados desde el mismo día que inició la investigación por la irregular excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández el pasado 10 de julio, imputado como sicario del “Rey de Meiggs”. Los cargos se relacionan con “evasión culpable” de un sujeto bajo su custodia, figura que implica negligencia en el resguardo del reo.
Pastén precisó que los acusados colaboraron con la pesquisa. “Entregaron sus teléfonos celulares”, detalló el persecutor en entrevista con CNN Chile.
Además, la fiscalía solicitó medidas intrusivas, incluido el acceso a sus finanzas. “Estamos solicitando el alzamiento de sus cuentas bancarias“, declaró Pastén.
La investigación sigue líneas contra funcionarios de Gendarmería por la liberación del sicario. Pastén enfatizó que los siete enfrentan responsabilidades penales específicas por la salida de Carlos Alberto Mejía Hernández desde el centro penitenciario, quien a la fecha está prófugo.
Imputados por liberación de sicario: 7 funcionarios de Gendarmería, jueza y trabajadora del tribunal
Asimismo, el fiscal Pastén precisó que a la suspendida jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, se le acusa de “prevaricación culposa”, delito aplicable a jueces por “negligencia inexcusable” en sus funciones.
El persecutor explicó la distinción legal. “Culposo es cuando puede haber negligencia o error”, manifestó. Agregó que el delito ocurre cuando, “pudiendo estar en situación de evitarlo, no hiciste lo suficiente para evitar el perjuicio“.
En paralelo, una funcionaria del juzgado fue imputada por “falsificación de instrumento público”. Pastén sostuvo que el cargo surge de presuntamente “confeccionar un documento falso“. A diferencia de la jueza, ella no integra el Poder Judicial.
Así las cosas, todos los imputados permanecen en investigación activa. La fiscalía no descarta formalizaciones por la excarcelación irregular, aunque hasta ahora solo confirman nueve personas en calidad de acusadas: siete gendarmes, la jueza Irene Rodríguez y la funcionaria.
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