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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, declaró como imputado por fraude al fisco ante la Fiscalía Oriente, adelantando la diligencia que estaba programada para el jueves. Esta investigación surge de un informe de Contraloría que cuestiona el mal uso de fondos públicos, como los millones en actividades de coaching ontológico relacionadas con su campaña, la compra de bienes por millones sin documentos que respalden los contratos, contratación de empresas consultoras por y millones sin acreditar idoneidad.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se encuentra declarando este martes ante la Fiscalía Oriente como imputado por fraude al fisco. Esto por la investigación por eventual uso de fondos públicos en gastos de campaña y otras irregularidades.

Si bien la diligencia se iba a realizar el jueves, fuentes confirmaron a BioBioChile que la diligencia se adelantó para hoy.

La declaración se concreta un día después que Orrego entregará sus aparatos electrónicos a Carabineros, para que sean periciados en esta investigación.

Los cuestionamientos de Contraloría

Esta indagatoria contra el gobernador metropolitano nace de un informe de Contraloría que cuestionó a varias gobernaciones del país, por el mal uso de fondos públicos. Una de las apuntadas era la gestión de Claudio Orrego.

El organismo persecutor centró su informe en cuatro puntos críticos. El primero de ellos corresponde a una serie de actividades de coaching ontológico, contratadas por un monto que supera los $31 millones. Dichos contenidos estarían relacionados con su campaña a la reelección.

También se reportó la compra de bienes y servicios de consumo por más de $51 millones a través de trato directo, sin que existan documentos que acrediten el cumplimiento de esos contratos.

Junto con ello, se cuestionó la contratación de una empresa consultora por $46 millones, de la cual no hay antecedentes que respalden la ejecución de los servicios comprometidos.

Finalmente, se cuestiona un contrato por $109 millones con otra consultora, cuya idoneidad no fue acreditada adecuadamente por el organismo fiscalizador.

Todo esto motivó a que los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI anunciaran que irán al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar su destitución.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)