Hasta el momento, la Fiscalía ya tiene una serie de declaraciones de testigos, solicitudes de información a entidades bancarias, seguimientos y análisis financieros en la investigación por cohecho en contra de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta. El jefe comunal debe concurrir a declarar este miércoles, 15 de noviembre, en la Fiscalía Centro Norte.
Hasta el momento, la Fiscalía tiene una serie de declaraciones de testigos, solicitudes de información a entidades bancarias, seguimientos y análisis financieros en la investigación por cohecho en contra de Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, por su presunta vinculación en la solicitud de coimas a Best Quality SPA. Durante la pandemia, la firma proveyó a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) -representada por el militante comunista- miles de insumos médicos: percheras, guantes, mascarillas y alcohol gel. A cambio de la millonaria adjudicación, se sospecha, la autoridad habría solicitado una “donación” para la sede en la comuna del PC, tal y como se sostiene en la “autodenuncia” de uno de los ejecutivos de la mencionada firma.
Giovanna Herrera es la fiscal que, en conjunto con el OS-7 de Carabineros, quienes siguen avanzando en estas pesquisas, las que dada su complejidad han hecho dilatar la decisión de solicitar formalizar al alcalde, quien también es excandidato presidencial del pacto Apruebo Dignidad. Y es que dentro de esta toma de decisiones faltaba una diligencia para la investigación: la declaración de Daniel Jadue, en calidad de imputado.
En la semana pasada, los investigadores despacharon la solicitud de declaración del jefe comunal de Recoleta para que concurra a declarar este miércoles, 15 de noviembre, en la Fiscalía Centro Norte. Pero, la fecha todavía puede cambiar durante el día en caso de que su defensa requiera el cambio de día y hora para la entrega de su testimonio.
De inicio, la Fiscalía sobre Jadue contemplaba las sospechas de un delito de cohecho, aunque, durante la indagatoria, se añadieron pesquisas en torno a eventuales ilícitos de fraude al Fisco y lavado de activos. Fue, por lo mismo, bajo este argumento que el Ministerio Público extendió la reserva de la indagatoria en julio de este año. Lo que coincidió además con el sumario de Contraloría que determinó graves faltas a la probidad de Jadue en su rol como representantes de la asociación de farmacias populares.
Investigación
El caso apunta a hechos que sucedieron durante la pandemia del Covid-19, entre la empresa proveedora de insumos de protección médica y la organización dirigida por Jadue. Uno de los antecedentes que manejan los persecutores es la declaración de César Ramírez, vendedor y comisionista de la empresa. Ramírez se autodenunció ante el Ministerio Público por soborno. A eso se suman fotografías y conversaciones a través de WhatsApp allegadas al expediente que se mantiene bajo reserva del delito de lavado de activos.
De acuerdo con el diario La Tercera, el ejecutivo detalló ante la fiscal Herrera que durante una reunión, en 2020, Jadue les pidió un “bono” extra de los insumos adquiridos por Archifarp, lo que a cambio garantizaría que Best Quality fuera la proveedora principal, además de, futuramente abastecer a los “supermercados populares”, que el alcalde de Recoleta esperaba lanzar.
El hecho habría ocurrido después de una serie de reuniones entre la empresa y el círculo íntimo de la autoridad, incluso con el mismo Jadue. La primera de ellas fue en marzo del 2020, en la cual habría participado Ramírez junto a Álvaro Castro -representante legal de Best Quality SPA- y Matías Muñoz, exsecretario de Archifarp y quien en aquel entonces era proveedor de Recoleta de insumos comprados a esa empresa. Muñoz, después, se convertiría en el vínculo entre la compañía y la organización de farmacias populares.
Las últimas investigaciones también se cruzan con el informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades y “falta de probidad” en la gestión de las farmacias populares. Uno de los cargos dice relación con la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo. De acuerdo con la fiscalización, estos acuerdos irregulares involucran a $613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.
El alcalde presente en el informe también entró en el radar de la Fiscalía y, por lo mismo, se creó un equipo entre policías, fiscales y abogados de Contraloría para cruzar información sobre Jadue y el manejo de fondos en las farmacias populares
