El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que entre el 35% y el 40% de los imputados por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y llegan al Centro de Justicia son extranjeros. En tanto, un tercio de ellos no tienen documentos.
La semana pasada, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para todas las personas extranjeras que sean detenidas y no cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad. La medida se aplicaría inicialmente en la región Metropolitana, pero luego fue extendida a todo el país.
Ayer el organismo informó del primer caso donde la Justicia habría respaldado el “criterio Valencia”.
Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, que -el 7 de abril pasado- habría intentado atropellar a un funcionario de Carabineros en Maipú. La persona fue detenida y formalizada por los delitos de homicidio frustrado y conducción bajo la influencia del alcohol, quedando con firma mensual y arraigo nacional, por falta de pruebas.
La Fiscalía Occidente apeló y la Corte de Apelaciones de Santiago revocó las medidas cautelares, ordenando la prisión preventiva para el hombre, quien no cuenta con RUT provisorio y habría mostrado un DNI venezolano falso.
Cerca del 40% extranjeros y un tercio indocumentados
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que entre el 35% y el 40% de las personas imputadas por la Fiscalía Centro Norte y que ingresan al Centro de Justicia de Santiago son extranjeras y un tercio de ellas no poseen documentación.
El representante de la Defensoría de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, afirmó que no se requiere una medida como la prisión preventiva para lograr que las personas extranjeras cuenten con documentación.
El exdirector nacional de Gendarmería, Christian Alveal, valoró la medida del Ministerio Público, pero señaló que podría provocar un mayor hacinamiento en las cárceles del país.
Durante el fin de semana se registraron varios casos donde se aplicó el denominado “criterio Valencia”, en distintos juzgados de Garantía de la región Metropolitana, que decretaron prisión preventiva para personas extranjeras indocumentadas, principalmente por peligro de fuga.
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