La Municipalidad de Santiago anunció que entregará 1.500 nuevas patentes provisorias para vendedores ambulantes que abundan en sectores de la comuna como barrio Meiggs o Puente. Sin embargo, tanto comerciantes como los habitantes de la zona temen por la seguridad de estos lugares debido a múltiples robos y riñas que se han registrado a raíz de la ocupación del territorio por la venta de productos.

Según un reportaje transmitido por CHV Noticias, actualmente la comuna posee al menos 3 mil patentes precarias en diferentes puntos. Bernardina Lorenzini, directora de Fiscalización de Santiago afirma que el comercio ambulante es una realidad por lo que intentarán formalizar las ventas para acabar con la precariedad. “Estamos haciendo un levantamiento topográfico para ver cuál es la capacidad real de la comuna para crecer en cantidad de permisos y dónde”, dijo.

Entre los nuevos barrios que se barajan para posicionar a los nuevos comerciantes se encuentran: calle y paseo Lastarria, paseo Bandera, Huérfanos, Santa Lucía, parque O’Higgins y Quinta Normal.

Por su parte el concejal de Santiago, Juan Mena, sostiene que las personas que postularán a las patentes solicitarán que sus puestos estén en los lugares con más afluencia de público para realizar mayores ventas, por lo que algunos podrían llegar a saturarse.

El representante de la Junta de vecinos Número 3 de Santiago, Cristian Delcorto, indicó que los vendedores ambulantes y los comerciantes establecidos sienten miedo por la diaria incertidumbre de ser víctimas de robos o de balaceras en sus puestos de trabajo, lo que se ha registrado más de una vez en los últimos años.

Respecto a esto la directora de Seguridad de Santiago, Natalia Silva, respondió que actualmente los barrios cuentan con apoyo de patrullaje de Seguridad Ciudadana de la comuna, y que los funcionarios han sido reubicados conforme a equiparar la seguridad en los múltiples puntos dispuestos para la venta.

En la misma línea, Lorenzini emplazó a las policías ya que como municipio ellos realizan un trabajo colaborativo con quienes poseen el control público, es decir, personal de Carabineros. “Las acciones de la delincuencia, le corresponden a las policías, los municipios no estamos facultados ni tenemos las competencia para el orden público (…) por esto es que estamos ordenando el territorio”.

De manera contraria la subsecretaria de Prevención del Delito Metropolitana, María José Gómez, remarcó que la “visión del municipio por la seguridad pública es distinta a la forma en que estamos trabajando con la mayoría de los municipios del país. La seguridad pública mirada como intervención policial, es una mirada absolutamente reduccionista“.

Por último, el concejal Mena propuso un plan regulador que pida ciertos requisitos a los postulantes que eventualmente quieran vender en la comuna como: ficha de protección social, y ser vecinos de Santiago. Por el momento, el municipio se comprometió a desarrollar una propuesta que facilite el comercio con seguridad.

Ante la situación la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, soslayó que “el problema que tenemos actualmente sobre el uso de la vía pública se produce por la falta de ordenamiento (…) Por ello, nos hemos comprometido en un ordenamiento democrático del territorio lo que implica ver lo que tenemos”.

Además agregó que “hay que sincerar lo que es la comuna de Santiago, una comuna que concentra 12% de la actividad económica del país (…) La política de prohibición y mirar para el lado no dio resultado (…) Es importante decir que hay un Gobierno, un Ministerio del Interior (…) ya hemos tenido una reunión con el ministro del Interior en articulación con las policías (…) para que cada quien asuma su rol, necesitamos un trabajo mancomunado“.