La Asociación de Magistrados de Chile dio a conocer lo que calificaron como dos “inéditas medidas de protección” a favor de víctimas para quienes se invocó la Convención contra la Tortura tras la presentación de dos querellas por parte del Instituto de Derechos Humanos (INDH).

A través de un comunicado, informaron que los jueces Eduardo Gallardo y Valeria Vargas -ambos del 13° Juzgado de Garantía de Santiago-, dictaron resoluciones a favor de tres adultos y un adolescente por graves violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la 43° Comisaría de Peñalolén.

De acuerdo a lo contemplado en el artículo 13° de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los uniformados quedaron con la prohibición de acercarse a las víctimas.

Los jueces resolvieron que “los hechos denunciados en la querella son de especial gravedad, los cuales podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado (…) y que esa sola circunstancia conlleva que las presuntas víctimas se encuentren en especial situación de vulnerabilidad frente a sus eventuales agresores”.

Tras esto, el magistrado Eduardo Gallardo explicó que “si bien se trata de casos similares, el del adolescente K.A.L.G. es especialmente grave pues se trata de un muchacho de sólo 14 años”.