VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga de oficio el uso de firmas de parlamentarios en permisos constitucionales del Senado. Según fuentes de Radio Bío Bío, una rúbrica cuestionada sería manuscrita, recortada de otro documento e incorporada al escrito, un procedimiento que se usaría habitualmente. Aún se indaga si hubo autorización y quién elaboró los documentos. El caso podría incidir en el quórum de votaciones, pero no hay pruebas de una maniobra deliberada ni de un delito.

Nuevos antecedentes surgen en medio de la polémica por el uso de firmas de parlamentarios en documentos de permisos constitucionales en el Senado, situación que llevó a la Fiscalía Regional de Valparaíso a abrir una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación.

Según altas fuentes de Radio Bío Bío, una de las firmas cuestionadas no corresponde a una firma electrónica, sino a una rúbrica realizada a lápiz que habría sido recortada de otro documento e incorporada al escrito que generó la controversia.

El antecedente cobra especial relevancia porque una de las versiones que circulaban al interior de la Cámara Alta apuntaba precisamente al eventual uso de una firma electrónica sin el consentimiento de la parlamentaria involucrada.

Sin embargo, la información conocida por Radio Bío Bío apunta a un procedimiento distinto: la utilización de una firma manuscrita extraída de otro documento, lo que abre nuevas interrogantes sobre la elaboración y autorización de los permisos.

Las mismas fuentes señalaron que se trataría de un procedimiento utilizado habitualmente en la tramitación de documentos.

El caso ha generado controversia debido a que los permisos constitucionales tienen efectos directos sobre el quórum de las votaciones en el Senado, por lo que su presentación y validez pueden incidir en el resultado de determinadas decisiones legislativas.

De hecho, una de las sospechas que surgieron en medio de la controversia apunta a que la presentación de estos permisos pudo haber buscado modificar el quórum necesario para una votación relacionada con la autorización de endeudamiento. Sin embargo, hasta ahora no se ha acreditado que existiera una maniobra deliberada con ese propósito.

La polémica también provocó diferencias entre los propios parlamentarios. El senador Fidel Espinoza (PS) negó que se haya falsificado su firma y calificó lo ocurrido como una desprolijidad administrativa, aunque reconoció su molestia con la bancada por el episodio. Además, cuestionó que se recurra al Ministerio Público para resolver lo que considera conflictos políticos internos.

La discusión ahora apunta a establecer si existió autorización expresa para utilizar las firmas y quiénes participaron en la elaboración de los documentos cuestionados.

Por ahora, los nuevos antecedentes no permiten establecer por sí solos la existencia de un delito, cuestión que deberá ser determinada por el Ministerio Público en el marco de la investigación iniciada de oficio por la Fiscalía Regional de Valparaíso.