El senador socialista Fidel Espinoza salió al paso de la polémica por los permisos constitucionales en el Senado, negando que se haya cometido un delito o falsificado la firma de algún parlamentario. A su juicio, lo ocurrido corresponde a un error administrativo que ya fue corregido, por lo que cuestionó que se pretenda involucrar al Ministerio Público en una controversia que calificó como política.
A través de su cuenta en la red social X, el legislador respondió a los cuestionamientos surgidos por la tramitación de estos permisos, particularmente a los planteamientos del senador Rodolfo Carter, quien ha intervenido en la controversia.
“¿Qué escándalo? Una desprolijidad administrativa no es un delito. Yo también me molesté con lo del permiso constitucional, pero ya está resuelto y aclarado”, sostuvo Espinoza.
Sus declaraciones se producen en medio de la controversia que sacude a la Cámara Alta, luego de que surgieran denuncias sobre presuntas irregularidades en la utilización de firmas de parlamentarios para tramitar permisos constitucionales, situación que motivó la intervención de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Espinoza niega falsificación y apunta a un error administrativo
Uno de los aspectos más controvertidos del caso apunta a la eventual utilización de la firma de una senadora sin su consentimiento para tramitar un permiso constitucional.
La situación generó cuestionamientos debido a que estos permisos tienen efectos sobre el quórum de las votaciones en el Senado, lo que abrió interrogantes sobre las consecuencias que pudo tener su tramitación en determinadas decisiones legislativas, incluida la discusión sobre la autorización de endeudamiento.
Sin embargo, Espinoza rechazó que los hechos constituyan un ilícito y aseguró que, al menos en su caso, no existió falsificación alguna.
“A mí nadie me falsificó la firma. Lo que no quita mi molestia con la bancada por el impasse. Pero es un hecho político”, afirmó.
El parlamentario también aseguró que la situación fue subsanada y que los permisos constitucionales relacionados con una gira parlamentaria a Asia fueron restituidos.
“No hay escándalo alguno. Nadie ha falsificado firma de nadie. Fue un acto administrativo equivocado, que ya fue reparado. Nuestros permisos constitucionales por la gira a Asia están restituidos”, enfatizó.
Duro emplazamiento a Carter y a la Fiscalía
El senador socialista también cuestionó directamente a Rodolfo Carter, quien había solicitado remitir los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de un delito.
“Senador Carter, preocupémonos de que la Fiscalía de Chile persiga los delitos del crimen organizado, de la corrupción en la política, que está en todos lados. Eso demanda la ciudadanía”, manifestó.
Espinoza fue más allá y advirtió sobre las consecuencias de judicializar las diferencias entre parlamentarios.
“Cuando metamos a la Fiscalía a resolver nuestros líos políticos internos, estamos en el peor de los mundos”, sostuvo.
Sus declaraciones se conocen luego de que la Fiscalía Regional de Valparaíso abriera una investigación de oficio para esclarecer la eventual falsificación de la firma de la senadora Ximena Órdenes.
La parlamentaria del PPD había señalado, mediante una carta dirigida al secretario del Senado, que no solicitó retirar su permiso constitucional ni autorizó a terceros para utilizar su firma. La gestión fue realizada por el senador socialista Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, sin el consentimiento de los parlamentarios involucrados.
Pese a que Espinoza insiste en que no hubo delito, la investigación del Ministerio Público apunta precisamente a determinar cómo se utilizó la firma de Órdenes y si existieron responsabilidades penales.
“Que la Fiscalía se concentre en meter presos a los corruptos y al crimen organizado. ¡Ahí está el escándalo!”, concluyó el senador socialista, marcando distancia de quienes consideran que el episodio debe tener consecuencias judiciales.
De esta manera, mientras Espinoza busca dar por superada la controversia tras la restitución de los permisos, el caso continúa abierto en el ámbito judicial, donde corresponderá establecer si lo ocurrido fue únicamente una irregularidad administrativa o si existió un eventual delito.