La reciente movilización de los camioneros y el acuerdo alcanzado con el Gobierno dejan una lección que no podemos ignorar. Cuando los problemas de una industria estratégica se acumulan sin respuestas oportunas, sus consecuencias terminan afectando al país completo.
Lo ocurrido no fue solamente una reacción al alza del diésel. Fue también la expresión de dificultades que el transporte viene enfrentando desde hace años, con costos operacionales crecientes y una presión económica que amenaza la sostenibilidad de muchas empresas.
Desde ABI A.G. participamos activamente durante meses en conversaciones con el Gobierno, porque entendemos que estas dificultades afectan gravemente a nuestra industria y a la comunidad, considerando el rol esencial que cumple el transporte de pasajeros en el país.
El acuerdo alcanzado, que contempla medidas para el transporte de pasajeros, representa un avance importante, especialmente por la rebaja de $142 por litro de diésel, la suspensión de nuevas alzas hasta marzo de 2027, el aumento de la recuperación de peajes del 35% al 70%, la incorporación de nuestro sector a la recuperación del impuesto específico a los combustibles y la conformación de una mesa interministerial con la industria de pasajeros. Estas medidas constituyen un logro significativo para el sector que representa ABI A.G.
Sin embargo, una cosa es resolver una emergencia y otra muy distinta es evitar que vuelva a repetirse. La principal lección es que el diálogo no puede comenzar cuando las carreteras ya enfrentan interrupciones.
Necesitamos una relación permanente entre las autoridades y los gremios, que permita anticipar las dificultades y construir soluciones antes de llegar a situaciones críticas.
También debemos comprender que el transporte de pasajeros es mucho más que una actividad económica. Detrás de cada bus hay trabajadores, estudiantes, familias y personas que necesitan trasladarse por razones de salud, trabajo o negocios. Garantizar su conectividad es una responsabilidad que debemos valorar y asumir entre todos.
Otra lección importante es que la sostenibilidad del transporte no puede seguir dependiendo exclusivamente de la capacidad de las empresas para absorber mayores costos. Cada incremento en el combustible, los peajes o los gastos de operación termina generando presiones que afectan la oferta de servicios y, eventualmente, el bolsillo de los pasajeros.
Necesitamos avanzar hacia condiciones que permitan mantener tarifas accesibles, sin poner en riesgo la continuidad de las empresas ni la calidad del servicio.
Esta crisis también demostró la importancia de la organización gremial y del trabajo conjunto. Defender con firmeza los intereses de nuestras empresas no es incompatible con el diálogo. Por el contrario, es precisamente esa combinación la que permite avanzar en acuerdos.
El país también debe aprender a mirar el transporte con una perspectiva de largo plazo. Chile necesita una política que reconozca las distintas realidades del sector, especialmente la de aquellas empresas que conectan localidades apartadas y que muchas veces operan con márgenes estrechos. La conectividad territorial no puede quedar expuesta permanentemente a la volatilidad de los combustibles ni a decisiones de corto plazo.
El desafío ahora es transformar las medidas anunciadas en soluciones efectivas y abordar los problemas estructurales del sector, mediante una coordinación permanente entre los ministerios de Transportes, Obras Públicas, Trabajo, Hacienda y Economía.
No podemos acostumbrarnos a que sea necesaria una crisis para que el transporte sea escuchado. Porque cuidar esta industria es también proteger el empleo, la conectividad y la vida cotidiana de millones de chilenos.
Juan Eduardo Quiroz
Presidente de la Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales, Industriales y Privados, ABI A.G.
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