Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gobiernan España desde hace ya ocho años y el próximo 29 de noviembre enfrentan unas elecciones generales en las que no solo está en juego la continuidad de su proyecto político, sino también la posibilidad de que el Partido Popular (PP) y Vox, partido de extrema derecha, sumen en el Congreso de los Diputados la mayoría necesaria para formar gobierno.

La fecha no es casualidad. Desde junio, el PP venía instalando la necesidad de disolver las Cortes Generales (Congreso y Senado) y adelantar las elecciones, en medio de varios procesos judiciales que han afectado al Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, planificaba convocar los comicios durante 2027, dentro del plazo ordinario de la legislatura, hasta que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que perdió la vivienda en la que había vivido por casi setenta años, alteró el escenario político y puso el problema de la vivienda en el centro de la agenda. Maricarmen murió el 7 de octubre, tras quince días hospitalizada.

Las movilizaciones llegaron a todo el país, con marchas y acampadas en distintas ciudades. El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos-ley de vivienda del Gobierno con los votos del PP, Vox y Junts, este último socio de la investidura de Sánchez. Tres días después, el 5 de octubre, el presidente convocó elecciones para el 29 de noviembre.

Hasta el 2 de octubre el panorama electoral era relativamente estable. La media de encuestas de septiembre situaba al PP en torno al 33% de la estimación de voto, al PSOE en el 25,6%, a Vox en el 18,5% y a Sumar en el 6% (este último parte del Frente Amplio español, alternativa de izquierda). En escaños, institutos como GAD3 proyectaban 133 para el PP, 105 para el PSOE y 69 para Vox; Sigma Dos, 143, 101 y 61, respectivamente. El resto de las fuerzas —Sumar y los partidos nacionalistas y regionalistas— reuniría en torno a 43/45 de los 350 escaños, un bloque decisivo para la izquierda a la hora de formar mayoría de investidura. La demanda por vivienda dio impulso al PSOE, pero a la fecha no ha alcanzado para revertir el escenario más probable: un gobierno del PP en alianza con Vox.

Sin embargo, en los últimos días apareció un dato disonante. La Séptima, un nuevo canal de televisión, publica un seguimiento diario realizado por SW Demoscopia que, con datos del 8 de noviembre (trabajo de campo entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre, 5.000 entrevistas), sitúa al PSOE primero con un 31,0% de estimación de voto y 128 escaños, por delante del PP (28,5%; 115 escaños) y de Vox (17,3%; 62 escaños), con el Frente Amplio en el 7,6% (13 escaños). Aun así, el propio estudio proyecta que el PP y Vox sumarían 177 escaños, uno por sobre la mayoría absoluta (176), y la alcanzarían en el 57% de las simulaciones. Es decir, el PSOE podría ser el partido más votado y, aun así, no gobernar, como le sucedió al PP en 2023.

Conviene leer este resultado con cautela. SW Demoscopia es hoy la única encuestadora que sitúa al PSOE por delante: los demás institutos (Sigma Dos, GAD3, 40dB, sociométrica, NC Report, entre otros) dan como partido más votado al PP y una suma de PP y Vox de entre 190 y 207 escaños. Además, las variaciones entre cortes diarios de un seguimiento con muestra acumulativa no equivalen a cambios reales de voto. A 11 de noviembre, fecha en que se cierra esta columna, lo que sí se aprecia es una tendencia: la brecha entre PP y PSOE se estrecha, y alrededor de un 12% a un 15% del electorado podría decidir su voto en la última semana.

Todo en contra para el PSOE

El Gobierno exhibe cifras macroeconómicas relativamente buenas, con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto cercano al 3%, un aumento histórico del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. Pero su gestión tampoco ha significado un giro profundo en el bienestar de la población y no ha estado exenta de crisis ni de casos de corrupción.

En 2026 debió afrontar, además, dos tragedias ferroviarias de gran magnitud: la de Adamuz el 18 de enero, que dejó 46 muertos, y la de Urda el 28 de octubre, con 69 fallecidos. Tras esta última, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión el 3 de noviembre, argumentando que un ministro del ramo no puede continuar en su cargo después de dos accidentes en menos de un año.

A ello se sumó la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. El Gobierno habló de unas 72.000 personas y de que casi todas habrían regresado a Marruecos, aunque la Policía Nacional admite que solo puede contabilizar a quienes manifestaron su voluntad de volver. La crisis tiene una dimensión geopolítica de fondo: la enorme diferencia de ingresos y de calidad de vida entre ambos lados de la frontera; las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía; la disputa por la delimitación de las aguas frente a Canarias; y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, territorio pendiente de descolonización. Todo ello obliga al Gobierno a enfrentar el control de las fronteras, la preocupación de la ciudadanía y las críticas de la oposición.

Una extrema derecha que crece

Tanto el PP como Vox viven buenos momentos electorales, aunque, en buena medida, el segundo a costa del primero. En las elecciones generales de 2023 y las europeas de 2024, el PP fue la lista más votada (33% y 34%), seguido del PSOE (32% y 30%) y de Vox (12% y 10%). Sin embargo, en 2023 fue la coalición de investidura de Sánchez, que incluyó a partidos nacionalistas como Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskal Herria Bildu (EH Bildu), la que logró formar gobierno, mientras que el PP y Vox sumaban 170 escaños, lejos de los 176 necesarios.

Como ya se mencionó, a excepción de SW Demoscopia, las encuestas vuelven a situar al PP como la primera fuerza, disputando con Vox un electorado común: cuando uno sube, el otro tiende a bajar.

Vox, fundado en 2013 por exmilitantes del PP y clasificado por buena parte de la literatura especializada como derecha radical populista o extrema derecha, crece sobre todo entre los jóvenes y a costa de votantes del PP. Al principio, la relación entre ambos partidos no era estrecha, ya que el PP buscaba desmarcarse de la radicalidad de Santiago Abascal. Sin embargo, cuando en 2023 necesitó aliarse con Vox para gobernar en algunos ayuntamientos, el vínculo se afianzó, y hoy el PP gobierna en alianza con Vox en varias comunidades autónomas. Esos acuerdos incorporan la llamada Prioridad Nacional en el acceso a ayudas públicas, que Sánchez calificó de “patada a la Constitución”.

Los episodios que más han alimentado las acusaciones de autoritarismo contra Vox son de dos tipos. Por un lado, la censura cultural en las instituciones que gobierna: en 2023, la concejalía de Cultura de Valdemorillo (Madrid) canceló la obra Orlando, de Virginia Woolf, porque su protagonista pasa de hombre a mujer, y el área de Cultura de Bezana retiró la película Lightyear de su programación por contener un beso entre dos mujeres. Por otro lado, su relación con la memoria de la dictadura: el partido se comprometió a derogar la Ley de Memoria Democrática, y en octubre de 2025 la Policía Local de La Laguna abrió diligencias por un informe que recoge saludos nazis y expresiones de exaltación franquista de acompañantes de Santiago Abascal durante un paseo del líder de Vox. A ello se suman las denuncias de exdirigentes sobre la incorporación de miembros de grupos neonazis, que el partido rechaza y que no han sido probadas judicialmente, y la retirada en 2019 de una lista electoral de un candidato negacionista del Holocausto tras la polémica.

Una izquierda fragmentada

Ante el avance de la derecha y la extrema derecha se instaló la necesidad de unir a la izquierda, de modo que la dispersión del voto no jugara en su contra. Esa unidad no fue posible: la izquierda irá en candidaturas distintas y sin una estrategia común entre circunscripciones. Podemos concurrirá integrado en las listas de ERC en Cataluña, y junto al Frente Amplio en la Comunidad Valenciana y en Canarias; en Madrid, en cambio, el Frente Amplio y Podemos competirán por separado, con Emilio Delgado e Irene Montero como cabezas de lista, respectivamente.

Los pronósticos para ese espacio son desiguales. El Frente Amplio, coalición que reúne a Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, y cuya candidata a la presidencia es Ada Colau, concentra las preferencias (un 6,2% de media, 7,6% en SW Demoscopia), mientras que Podemos oscila en torno al 2% y tendría dificultades para obtener un solo escaño en el Congreso de los Diputados.

La falta de acuerdo ha tenido costos reputacionales y las responsabilidades se reparten de forma cruzada: Montero sostiene que el Frente Amplio bloqueó pactos territoriales ya alcanzados; el Frente Amplio había ofrecido a Podemos puestos de salida en Madrid y Cataluña. Gabriel Rufián (ERC), uno de los liderazgos con mayor proyección de la izquierda a escala estatal, había abierto conversaciones con IU y Más Madrid, pero terminó pactando solo con Podemos, sin lograr el acuerdo estatal que había propuesto.

En este escenario, apostar por el voto útil a la izquierda del PSOE es un verdadero desafío. España se divide en 52 circunscripciones (las provincias, más Ceuta y Melilla) en las que los escaños se reparten por el método D’Hondt, que favorece a las listas más grandes, y en las que se exige un mínimo del 3% de los votos válidos en cada circunscripción para integrar el Congreso. Por eso, según la provincia, quien busque una alternativa al PSOE deberá evaluar qué candidatura tiene opciones reales de obtener un escaño; en caso contrario, su voto no se traducirá en representación en el legislativo. La incertidumbre es alta: SW Demoscopia estima que 23 provincias se deciden por menos de un punto.

Aunque las recientes victorias de Lula da Silva en Brasil y de los Demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos parecían frenar el avance de la derecha radical en distintos países, España parece encaminarse a un gobierno de la derecha histórica en alianza con la extrema derecha.

Oscar Pereira Mori
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile.
Estudiante de Máster en Economía, Universidad de Granada.

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