El vocero de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, Alfredo Martin, abordó los fracasos registrados en los procesos de selección para ejercer los cargos de notario, conservador y archivero. Su cuestionamiento apuntó al organismo que condujo esos procesos. En esa línea, planteó a Radio Bío Bío que hay que tener en consideración si la Alta Dirección Pública (ADP) es el organismo más adecuado para realizar este tipo de nombramientos.
El vocero sostuvo que la ADP fue concebida para seleccionar a funcionarios públicos de altos cargos, “condición que no tienen los notarios, los conservadores y archiveros; no son funcionarios públicos”, afirmó Martin. Agregó que esos cargos desarrollan una labor especializada que requiere conocimiento de derecho notarial y registral.
Martin también advirtió que esa labor exige fortaleza en varios aspectos que el sistema no considera. Entre ellos mencionó los antecedentes respecto de la probidad y la integridad. “No hay consultas, no hay entrevistas personales, no hay exámenes psicolaborales que son fundamentales para determinar a la persona correcta para desempeñar el cargo”, señaló.
Fallas en la precalificación y en contenidos evaluados
Dentro del sistema que ha empleado la Alta Dirección Pública, Martin partió cuestionando el proceso de precalificación. Relató a La Radio que han tomado conocimiento de personas que tienen diplomados, magíster y cursos profundizados en estas materias. Sin embargo, esas personas no han calificado para dar los exámenes. “Este proceso de precalificación obviamente que tiene un problema y eso espero que la Alta Dirección Pública lo vea”, indicó.
El vocero también cuestionó la pertinencia de los conocimientos evaluados. La norma legal dice expresamente que deben evaluarse fundamentalmente los conocimientos en derecho notarial y registral, pues esa es la función que van a desarrollar. Sin embargo, Martin afirmó que hay una serie de otras preguntas que se refieren a temas estrictamente tributarios o estrictamente laborales.
Del mismo modo, Martin no negó que el notario tenga que tener una preparación completa en el derecho. Pero planteó que cuando se trata de cosas más especializadas, el notario va a poder recurrir a un abogado tributarista o a un abogado experto en materias laborales. “Él debe conocer una cosa precisa: el ejercicio de su función y las normas legales que regulan el derecho notarial y el derecho registral”, sostuvo.
Otro tema que llamó la atención de Martin es que todos los abogados que se presentan no califiquen. Frente a quienes salieron rápidamente a decir que ahora los exámenes son más exigentes y que se requiere una mayor preparación, el vocero respondió que eso demuestra una sola cosa, que “los instrumentos de evaluación que se utilizaron no fueron los adecuados”, afirmó.
Un sistema que requiere correcciones urgentes
A partir de esa conclusión, Martin señaló que la ADP deberá corregir esa situación. A renglón seguido pidió que el organismo se centre en lo que la ley le indica: evaluar conocimientos fundamentalmente en derecho notarial y registral y realizar exámenes de habilidad y destreza. También advirtió que no debe recurrir a cosas que incluso son de la práctica notarial y de la práctica registral.
Martin explicó que las personas que nunca han ejercido el cargo no tienen por qué conocer la práctica. Sin embargo, afirmó que hacen preguntas sobre la práctica, pero el sistema no considera la experiencia laboral que tienen los notarios y los conservadores en esta materia. “Sin duda que este es un sistema que requiere urgente de correcciones”, adviertió.
El vocero de la Asociación de Notarios cerró su análisis con una solicitud. Pidió que el mecanismo se convierta en la herramienta más adecuada para elegir a la persona que reúna los mayores méritos en todo sentido, integralmente, para ejercer el cargo. Su llamado apunta a revisar la precalificación, los contenidos evaluados, la falta de exámenes psicolaborales y la ausencia de consideración de la experiencia laboral.