La Corte Suprema condenó a un falso abogado y a un cómplice, quienes habrían intentado defraudar a la Corporación Educación Domingo Parra de Concepción, a través de la falsificación de documentos y simulando una representación que el sostenedor había retirado.
El abogado de la corporación, Remberto Valdés, explicó que Rodrigo Amilcar aseguró ser abogado cuando fue contratado por su cliente.
Al quedar en evidencia el engaño, el hombre fue despedido y entonces se coludió con el contador Moisés Fernández, intentando -de manera fraudulenta- hacerse de millonarias subvenciones.
“El modus operandi de los dos encausados fue falsificar actas de la dirección de la corporación educacional con la finalidad de recurrir a los sectores bancarios y también a las Seremías y la Superintendencia de Educación para hacerse con las subvenciones escolares y dejar de pagar los compromisos que tenían para con los educadores de las corporaciones educacionales”, sostuvo el abogado.
Por ello, Amilcar y Fernández finalmente fueron acusados y llevados a juicio.
El Tribunal Oral penquista acreditó el ejercicio ilegal de la profesión de abogado y el uso malicioso de instrumento privado, dictando penas de entre 21 y 540 días de cárcel, condenas que ahora confirmó la Corte Suprema, indicó el abogado querellante.
“El resultado fue extraordinariamente contundente. Fallos unánimes tanto del Tribunal Oral de Concepción como de la Corte Suprema, en orden a señalar que ambos encausados fueron coautores de ilícitos en contra de una corporación educacional, aprovechándose y mintiendo respecto de su calidad de abogado, en principio, aprovechándose de una confianza ganada e intentando defraudar en centenares de millones de pesos a niños y personas que son vulnerables”, sostuvo.
Las maniobras intentaron congelar subvenciones estatales por más de $320 millones, lo que afectó temporalmente el pago de remuneraciones a cerca de 280 trabajadores de la educación.
Enviando corrección, espere un momento...
