Penas de hasta 15 años pide Fiscalía para imputados por el tiroteo en colegio de San Pedro de la Paz

Penas de hasta 15 años de cárcel solicitó la Fiscalía para los detenidos por el ataque armado el año pasado en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, hecho que dejó tres alumnos heridos.

Tras cerrar la investigación, el Ministerio Público presentó la acusación por los delitos de homicidio frustrado, lesiones y porte ilegal de arma.

A menos de un año de los graves hechos, similares a los que hoy enlutan al país por la muerte de una inspectora de un colegio en Calama, la Fiscalía cerró la pesquisa por el ataque armado perpetrado en una escuela del sector Boca Sur.

Por eso el organismo persecutor presentó la acusación contra los involucrados, el menor que ingresó al colegio Nuevos Horizontes premunido de un revólver Glock y disparó contra tres alumnos, además de la adulta que cooperó en el plan, para quienes se está pidiendo 5 años de internación en el caso del menor adolescente y 15 años de cárcel para la joven.

Más allá de las sanciones, el director del Servicio Local de Educación Andalién Costa, Ramón Jara, expresó que lo importante es que, ante la gravedad de este tipo de ataques, se determinen las responsabilidades, pero se deje a los tribunales la determinación de las penas.

Ataque en colegio de San Pedro

“En el mérito del proceso será el juez, a partir de un conjunto de evidencias y de pruebas, quien determine el tipo de pena. Lo importante es que ninguno de estos hechos quede impune, porque la importancia, la gravedad de agredir a actores externos a una comunidad educativa, a jóvenes estudiantes, eso requiere una tremenda gravedad”, manifestó.

Este jueves debía realizarse en el Juzgado de Garantía de Concepción la preparación del juicio oral contra los acusados, audiencia que se aplazó hasta el 26 de mayo. Lo que sí se resolvió fue mantener la privación de libertad para el menor en el Centro de Internación de Coronel, mientras que la adulta sigue en prisión preventiva.

Sobre este caso, la diputada Sara Concha, de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, sostuvo que la violencia en los establecimientos es señal de que el Estado llega tarde, sin desconocer la obligación de la Fiscalía de sancionar estos hechos y así evitar que vuelvan a ocurrir.

En la causa es querellante el Ministerio de Seguridad, que también pide el máximo de pena para el menor de edad, de 5 años, internado en un centro del Servicio de Reinserción Social Juvenil, pero para la adulta solicita 15 años de cárcel por homicidio calificado en grado de frustrado.