No declararon rentas: SII amplía querella contra alcalde Chamorro y exconcejal en caso Puerto Coronel

El Servicio de Impuestos Internos (SII) amplió la querella por delitos tributarios en contra del alcalde Boris Chamorro y el exconcejal Eduardo Araya en el marco de la indagatoria por el caso Puerto Coronel, en la región del Bío Bío.

De acuerdo a la acción legal, los querellados habrían cometido los delitos de “omisión maliciosa de declaraciones exigidas por ley” y la presentación “maliciosa” de “declaraciones anuales a la renta”, ya sean “incompletas o falsas” durante los años tributarios 2022, 2023 y 2024″.

En octubre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos detectó “una serie de irregularidades tributarias” ocurridas en el Puerto Coronel durante la administración de Eduardo Hartwig. Lo que habría beneficiado, “entre otros”, al alcalde Boris Chamorro.

Según los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa, se estableció —según el querellante— que el expresidente de la portuaria, mediante “el uso de facturas ideológicamente falsas extraía fondos de la misma” a través de una sociedad propietaria de Víctor Olivares, exproveedor de la compañía.

Habría sido mediante ese empresario que Boris Chamorro y Eduardo Araya habrían recibido millonarias sumas de dinero mediante diferentes pagos desde Puerto Coronel.

No declararon rentas percibidas

El Servicio de Impuestos Internos revela que el jefe comunal y exconcejal “no declararon las rentas percibidas ni los impuestos que las afectaban, cometiendo así los delitos que motivan esta querella”.

Por lo anterior, se concluye que el perjuicio fiscal actualizado a diciembre del año pasado, para los años tributarios entre 2022 y 2024, “asciende a la suma total de 32.003.982 pesos” entre ambos querellados, de los cuales, alrededor de 21 millones corresponderían al alcalde Chamorro.

Con lo anterior, a juicio del SII, “se desprende el dolo de los querellados”, dado el vínculo entre Eduardo Hartwig, Víctor Olivares y distintos gerentes de la portuaria.

Por la representación de este último, el abogado Waldo Ortega declinó en referirse al tema. Quien sí lo hizo fue el defensor privado Andrés Cruz por el exconcejal, criticando la demora en “ciertos servicios públicos” en tomar “decisiones de esta naturaleza”, ya que afectan el derecho a defensa de su cliente.

Junto con ello, destacó que el exconcejal socialista no tiene cautelares pese a estar acusado de cohecho, dado que Eduardo Araya presentó asesorías a la portuaria.

De paso fustigó la decisión del tribunal en que la arista tributaria sea investigada en una causa distinta a la original, pese a que abordan los mismos antecedentes.

La Corte Suprema tiene jurisdicción cuando se trata de formular nuevos cargos a personas ya formalizadas y por ello que se determinó abrir una nueva causa en la arista tributaria.

El Ministerio Público ya cuenta con los antecedentes de la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos y ante una eventual solicitud de audiencia de formalización, esto último se encuentra en una etapa de análisis.