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El gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, presentó una demanda civil -en representación de la empresa- contra el alcalde Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y cuatro dirigentes sindicales de estibadores, solicitando la restitución de fondos que habrían recibido durante la administración anterior de la compañía.
El gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, presentó una demanda civil -en representación de la empresa- en contra del alcalde Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y de cuatro dirigentes sindicales de estibadores de la comuna, exigiendo la restitución de los montos que habrían recibido en medio de la anterior administración de la compañía.
En específico, la acción legal exige la restitución o indemnización de dolo ajeno en contra de los demandados.
Según la portuaria, los hechos ocurrieron durante la directiva anterior de la citada firma, donde la actual administración advirtió sobre “la existencia de una estructura delictiva destinada a extraer de forma ilícita, fondos de la compañía”.
Aquí se menciona a los exejecutivos y proveedores de Puerto Coronel y que se encuentran formalizados en una causa penal por delitos económicos.
No obstante, a lo que apunta la demanda civil es a quienes habrían obtenido “beneficios provenientes” de lo que la portuaria llama “estructura ilícita”.
Lo anterior, de acuerdo a la demanda civil, dice relación con “la emisión de facturas por servicios no prestados para crear un fondo no trazable” y “la frustrada permuta de terrenos entre Puerto Coronel e Inmobiliaria Delsava Limitada”.
Esto, a fin de “distraer dineros de la compañía, para crear una especie de caja negra, con fondos que no pudieran ser rastreados”.
Así las cosas, lo que exige el gerente Patricio Román a los demandados tras la acción civil presentada ante el Primer Juzgado de Letras de Coronel es, que en el caso del alcalde Boris Chamorro, imputado por cohecho y que cumple arresto domiciliario nocturno en la causa penal- restituya o indemnice a Puerto Coronel el monto de 82 millones de pesos que habría recibido desde la compañía a través de un proveedor.
La misma solicitud se demanda para el exconcejal Eduardo Araya por la cifra de $72.250.000 y los dirigentes sindicales Guillermo Jaque, Raúl Cabezas, Tomás Soto y David Guerrero, por $81.750.000 cada uno.
Además, el máximo ejecutivo de Puerto Coronel pide que se condene en costas a los demandados.
La acción civil fue ingresada ante el Primer Juzgado de Letras de Coronelel pasado 6 de junio.
Hasta el momento, el único abogado que se ha referido a la acción penal es Andrés Durán, por los dirigentes sindicales, indicando que “se enteró por la prensa” de la demanda y, por lo tanto, desconoce el tenor de la misma.
La Radio quiso tener una reacción del alcalde Chamorro o de su representante, pero hasta el cierre de esta nota aquello no fue posible.
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