Fiscalía investiga a presidenta de la DC en el Bío Bío acusada de adulterar boletas de honorarios

La Fiscalía local de Concepción inició una investigación en contra de María Carolina Inostroza Verdugo, presidenta regional de la Democracia Cristiana (DC) en el Bío Bío, quien a su vez era funcionaria administrativa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la casa edilicia penquista. Al mismo tiempo sirve como concejala de Penco.

La determinación fue adoptada luego que el Gobierno Regional del Bío Bío detectara inconsistencias en un proyecto financiados por ellos y gestionado por Inostroza.

Todo, en el marco de un sumario administrativo que no encontró irregularidades al interior del organismo presido por Rodrigo Díaz, pero que sí detectó vicios en la ejecución de los proyectos.

En concreto, se le acusa de estar detrás de la adulteración de boletas de honorarios, presentadas por dos profesionales que han trabajado con ella en la instalación de cámaras de seguridad para juntas de vecinos de la zona.

De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, a la trabajadora social se le acusa de ofrecerse a esas organizaciones sociales para gestionar la adjudicación de los recursos y así luego asegurar que las charlas obligatorias las ejecuten las profesionales cercanas de ella.

Todo en el marco de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del que dispone el GORE del Bío Bío para el fortalecimiento de la comunidad y la reducción de factores de riesgo.

Según conoció este medio, las alertas por eventuales irregularidades en las rendiciones de los proyectos mencionados se encendieron en el GORE de Bío Bío a mediados de 2023.

Fue en julio cuando el Departamento de Finanzas de la repartición regional detectó que en la rendición de un proyecto venían boletas de honorarios sospechosas.

Así, se encontraron boletas con distintos montos presentados ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y luego al GORE. Ocurrió, por ejemplo, con un documento tributario emitido por una de las profesionales cercanas a la denunciada.

Si ante el primer organismo la boleta era por $50 mil, ante la segunda institución la pasaron por $350 mil. (Ver oficio anexo)

Es decir, se sospecha que habría sido modificada, poniéndole digitalmente un “3” antes de la cifra original.

Pese a que lo cierto es que las cámaras de seguridad sí fueron instaladas, lo cuestionable, a juicio de fuentes consultadas por este medio, es que las charlas educativas que exige el GORE —por las que se emitieron las boletas de honorarios— eran realizadas siempre por las mismas personas.

Así lo confirma el presidente de una de las juntas de vecinos que se adjudicó proyectos de estas características. De manera reservada, el dirigente social explica que el dinero que les entregaba el GORE era transferido directamente a la organización vecinal.

Luego, una vez correspondiera, ellos transferían el dinero por las capacitaciones a María Carolina Inostroza Verdugo, quien les hacía llegar las boletas de honorarios que posteriormente pondría en tela de juicio el GORE.

En efecto, según detalló el presidente de una de las juntas de vecinos, era “ella quien le pagaba a las personas” y después “nosotros teníamos que pagarle a ella”.

“—Nosotros teníamos la plata, ella nos pasó las boletas y entonces nosotros, en base a esas boletas, le pasamos la plata. ¿Cómo íbamos a poner en duda a una dirigente de la DC y concejala de Penco? Además, ella es trabajadora en la Municipalidad de Concepción. Ahora tengo que recuperar los dineros. Me ha costado contactarme con ella. Por un lado he tenido poco tiempo, pero yo quiero que en base a esto ella devuelva los dineros” —relata el presidente de la JJ.VV.

Desde las organizaciones sociales incluso presentaron una denuncia recibida en la Fiscalía Local de Concepción, quienes despacharon una orden de investigar a la Bridec de la PDI.

En efecto, y al conocer sobre el inicio de un sumario en su contra, la concejala de Penco y presidenta regional de la DC en Bío Bío renunció a su cargo administrativo en la Municipalidad de Concepción.

Por si fuera poco, en el municipio penquista deberán buscar la fórmula para cobrarle a la renunciada funcionaria los cerca de 11 millones de pesos en horas de trabajo que debe.

Consultada por ambas situaciones, por el proyecto que está siendo objeto de cuestionamientos y por las horas de trabajo que “debe” a la Municipalidad de Concepción, la concejala de Penco sostuvo que lo siguiente:

“Entiendo que el Gobierno Regional ha señalado que, a propósito de una investigación sumaria ha surgido mi nombre en relación a un proyecto de seguridad ciudadana”.

Desde antes y durante mi gestión como concejala, y en mi calidad de profesional he colaborado voluntariamente con muchas Juntas de Vecinos y organizaciones sociales de mi comuna.

He procurado siempre que los vecinos no tengan inconvenientes administrativos con estos pequeños proyectos, los cuales son casi la única instancia de financiamiento que tienen.

En el caso puntual, estoy tranquila ya que gracias a nuestra asesoría y ayuda este proyecto se realizó como corresponde y actualmente el sector tiene un sistema de seguridad que entrega tranquilidad a este barrio tan importante de Penco, que sin esta iniciativa nunca hubiesen podido costear.

He actuado siempre de buena fe, de forma voluntaria y desinteresadamente”.

Consultado el Gobierno Regional del Bío Bío sobre las razones por las que no han derivado los antecedentes al Ministerio Público, indicaron que “para tomar la decisión de enviar a la Fiscalía tenemos que revisar los antecedentes y según la información que teníamos no eran suficientes para concluir que puede haber un delito”.

María Carolina Inostroza es presidenta de la DC en el Bío Bío, cercana políticamente al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien declinó referirse al tema, derivando la respuesta al director jurídico, quien confirmó el inicio de un sumario y la posterior renuncia de Inostroza una vez que comenzó la investigación.

Por otro lado, ante la deuda al Municipio, Inostroza señaló que “yo he trabajado las horas correspondientes, lo que existe es un problema que varios concejales tienen a nivel nacional y que surge a raíz de una interpretación bastante cuestionable que ha elaborado la Contraloría General de la República. En la cual se nos cuestionan las 8 horas semanales que por ley tenemos para realizar gestiones como concejales. Esta interpretación perjudica a quienes, además, trabajamos para el Estado“.

Puedes revisar el oficio completo a continuación: