La primera es por una doctora de Concepción que está acusada de emitir cinco años 32 mil licencias médicas faltas y la segunda, es por una familia denunciada por haber defraudado, a través de una estafa piramidal, a inversores en 10 mil millones de pesos.

Con preocupación son vistas investigaciones desformalizadas del Ministerio Público en el Bío Bío, debido a su extensión en el tiempo, sin respuesta para los querellantes o los imputados. En dos casos, las indagatorias cumplirán ocho años, sin que aun la Fiscalía defina el cierre de las pesquisas o la formalización de responsables.

A diferencia de la etapa formalizada, que por ley tiene un plazo máximo de dos años, la fase previa o desformalizada de una investigación es ilimitada. Por eso, los ocho años que pronto cumplirán dos causas de alta connotación pública, abiertas en 2016 en las Fiscalías de Talcahuano y Concepción.

Causas desformalizadas

La primera, por querella de la Superintendencia de Salud contra una doctora acusada de emitir licencias médicas falsas; y la segunda contra una familia denunciada de haber defraudado a inversores en 10 mil millones de pesos, a través de una estafa piramidal, existiendo querellas no sólo particulares sino también una de Impuestos Internos.

El primer caso es contra la facultativa Sandra Cuevas, quien según la Superintendencia emitió en cinco años 32 mil licencias. Para su abogado, Marcelo Villena, es grave que desde el 2016 su clienta permanezca como imputada, vulnerándose -dijo- varios de sus derechos.

Sobre los ocho años que en mayo cumplirá la causa contra la familia Martínez Oróstica, el abogado Andrés Durán, que representa a algunos de los 50 afectados, dijo que era un despropósito la demora en la determinación de responsabilidades, cuestionando que recién ahora la Fiscalía de Talcahuano se dé cuenta de la eventual incompetencia de ese tribunal.

Al respecto, el penalista y exfiscal Andrés Cruz calificó como un problema las restricciones a la etapa desformalizada de una pesquisa, no sólo para los imputados sino también para las víctimas.

Por eso el cambio a la ley que propone Cruz a través de una cautela de garantía que pueda invocar la víctima, y no sólo el imputado, en la etapa desformalizada, además de sanciones que pueda imponer el juez de Garantía en caso de que el fiscal no formalice la investigación en el plazo ordenado.