Un plazo de seis meses tienen un grupo de personas que se encuentran ocupando un terreno del Serviu en la comuna de Arauco, región del Bío Bío, esto tras una determinación de la Corte Suprema.
La Corte Suprema dio un plazo de seis meses para que las personas que ocupan un terreno del Serviu en la comuna de Arauco, región del Bío Bío, abandonen el paño.
En caso de no acatar, el máximo tribunal dejó abierta la puerta para el desalojo por la fuerza, aunque condicionado a que las familias sean llevadas a un albergue y se les comprometa una solución habitacional.
Blanca García Escobar fue la vecina que presentó el recurso de protección, denunciando que el Serviu no intervino frente a la toma del terreno en octubre de 2020, permitiendo además que la ocupación aumentara y afectara la vida de los vecinos que residen alrededor del paño, esperando que ahora -con el fallo favorable de la Corte Suprema- la autoridad actúe.
En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la acción legal, pero ahora el máximo tribunal del país declaró ilegal la ocupación y el que el Serviu no adoptara las medidas para poner fin a la ocupación de un paño donde el servicio desarrollaría un proyecto inmobiliario social.
Al acoger el recurso, la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para que las personas de las toma salgan voluntariamente del lugar, y será en ese escenario que el Serviu actuará, adelantó su director (s), Marcelo López.
En caso de no lograrse la salida voluntaria de los ocupantes, la justicia ordena el desalojo por la fuerza, para lo cual la Municipalidad de Arauco deberá coordinarse con la Delegación Presidencial y las seremis de Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, de manera de implementar un albergue que acoja a las familias y además se entregue subsidios como camino a la vivienda propia.
En ese sentido, la alcaldesa de Arauco, Elizabeth Marican, demandó que el Serviu haga su trabajo y evite el uso de la fuerza para terminar con la toma.
El caso es similar al del terreno denunciado como ocupado en Hualpén, donde el Serviu intentó desalojar a través de la Delegación Presidencial, pero paralizando la Corte de Apelaciones penquista la medida.
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