En conversación con Radio Bío Bío, el coordinador de Seguridad Pública de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió a los hechos de violencia que se han registrado durante la última semana en las regiones del Bío Bío, específicamente en la provincia de Arauco, y La Araucanía.
En relación a los hechos que ocurrieron el martes en el sector de Quidico, en la comuna de Tirúa, la autoridad señaló que “básicamente, hay una mezcla entre delitos comunes, bandas criminales y organizaciones radicales, extremistas y terroristas. Ésa es la complejidad de lo que está ocurriendo”.
Cabe recordar que aquella jornada de violencia involucró la quema de cuatro viviendas, un altercado al interior del Cesfam de la comuna y el ataque armado a un retén policial.
Urquízar se desplegó ayer hasta la zona para reunirse con personas afectadas por estos episodios. “Se encuentran amedrentadas y se encuentran amenazadas de que, si denuncian o hablan, les va a pasar algo. Eso, obviamente, nadie lo quiere”, aseguró.
Además, según dijo, se reforzaron las medidas de seguridad de la comisaría que resultó dañada por disparos, a través de patrullajes y equipos blindados.
Durante las últimas 24 horas, se produjo el incendio de una vivienda en Cañete, región del Bío Bío. También, se cuenta la detención de dos comuneros mapuches en un operativo de tráfico de drogas en la Ruta 5 y la quema de un granero en Lautaro, en la región de La Araucanía.
Sobre estos hechos, Urquízar sostuvo que “todo está en investigación por parte de la Fiscalía y estamos muy preocupados y muy atentos para hacer la persecución penal respectiva”.
En su paso por ambas regiones, el delegado en la zona precisó que las organizaciones responsables de estos hechos de violencia “encubren narcotráfico, robo de manera, tráfico de armas, algo que es extremadamente grave en esos sectores”.
Responsabilidad de la Fiscalía
Al ser consultado sobre las dificultades para tomar detenidos a los involucrados en este tipo de hechos, el coordinador de la Macrozona Sur afirmó que mantuvo una reunión con el fiscal Juan Yáñez, quien se dedica a investigar casos de violencia rural en la zona, para evaluar alternativas.
Sin embargo, aseveró que “en definitiva, quien tiene la responsabilidad de la persecución penal, constitucionalmente hablando, es el Ministerio Público. (Este organismo) da las instrucciones a las policías para poder recabar la información y detener a los responsables”.
“Nosotros ejercemos la persecución penal a través de distintas querellas. Nos querellamos por el hecho del Cesfam, de las cabañas y del retén (…), pero quien ordena las diligencias al final del día es el Ministerio Público y el Poder Judicial”, cerró.
