La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, entregó nuevos antecedentes sobre investigaciones por posibles apremios ilegítimos en contra de personas en la provincia de Concepción, en el marco del estallido social que vive el país.

Uno de esos casos corresponde a lo ocurrido a un camarógrafo de televisión, quien recibió el disparo de un balín de Carabineros en uno de sus ojos cuando reporteaba un saque en Chiguayante.

Al respecto, Cartagena indicó que está identificada la persona que efectuó el disparo, ya que se comunicó -por sus propios medios- con el Ministerio Público para entregar la información respectiva sobre lo ocurrido.

En específico, el funcionario policial fue identificado como el comisario de la Séptima Comisaría de Chiguayante, mayor Luis Mahuzier.

Otros casos

A su vez, Marcela Cartagena tuvo palabras para otros casos, correspondientes uno de ellos a lo ocurrido la noche del pasado sábado durante un saqueo en el supermercado Líder Express de Coronel.

En ese recinto comercial, una persona habría recibido un impacto balístico por parte de un funcionario de la Armada, quedando herido de gravedad, siendo investigado el hecho por la Brigada de Homicidios de la PDI.

“También, y con la misma fuerza, debemos atender a las personas que en el contexto del conflicto que estamos viviendo como sociedad vean perturbadas sus garantías de parte de los agentes del Estado”, afirmó, añadiendo que desde el inicio de la crisis han llevado a cabo investigaciones de oficio.

“Eso quiere decir, conociendo antecedentes -por ejemplo- en las redes sociales, sin esperar la denuncia de nadie, hemos iniciado investigaciones”, acotó.

En ese sentido, se refirió a la muerte del joven de 22 año que fue atropellado por una patrulla militar la tarde del lunes, indicando que el INDH presentó una querella por el caso, donde el infante imputado fue reintegrado a las filas de su institución.

Finalmente, la fiscal Marcela Cartagena remarcó que el Ministerio Público tiene las puertas abiertas para todo tipo de denuncias, respecto de personas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados por agentes del Estado.