Con millones de pesos por concepto de sueldos impagos y eventos contratados abandonó el país el concesionario de Puerto Marina, Juan Latrach, dejando a los trabajadores en la total incertidumbre laboral y teniendo que responder ellos a clientes que denuncian haber sido estafados.

El caso es comparado con el de Rafael Garay, por los montos en dinero involucrados y el hecho de haber viajado sorpresivamente, según los trabajadores a Panamá, con un millonario botín.

Latrach, hasta hace unos días, era el concesionario de Puerto Marina, en la comuna de Talcahuano, y dejó a unas 60 personas sin su fuente de trabajo y sin servicio a varios clientes que contrataron eventos por varios millones de pesos.

Yarela Luarte, encargada de Finanzas de la empresa, fue quien denunció lo ocurrido. “Latrach se fue. Dejó una deuda con proveedores, con los trabajadores, que nos debe sueldos desde septiembre, sin la claridad de qué le vamos a decir a nuestros clientes”, sostuvo.

Y uno de esos eventos es el matrimonio de una pareja de profesionales, quienes en abril pasado cancelaron a Latrach 12 millones de pesos, equivalente al 50% del contrato.

Por no estar ni siquiera su familia informada de lo que califican como una estafa, los afectados pidieron reserva de su identidad, indicando que casualmente se enteraron de la desaparición del concesionario.

“Llamamos a algunos de sus empleados, quienes nos confirmaron que había salido del país con todo el dinero de la productora, de sus empleados y de los eventos que tenía programados”, relató el afectado.

Mientras los clientes preparan acciones legales, los trabajadores acudieron a la Inspección del Trabajo, pidiendo una fiscalización del organismo en el lugar.

Consultado el operador del casino, Marina del Sol, indicaron que la concesión de Puerto Marina es totalmente ajena a ellos, y que por lo tanto no tenían nada que informar.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)