El informe cuestionó multas calculadas por más de 33 millones de pesos para las obras de la Alameda O’Higgins, pese a que el límite contractual era de unos 24 millones de la moneda nacional.

La Municipalidad de San Felipe deberá iniciar un procedimiento disciplinario por deficiencias en la administración de dos contratos de obras públicas, luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso detectara actuaciones sin respaldo suficiente, estados de pago sin resolver e inconsistencias en multas y valorizaciones.

La instrucción está contenida en el Informe Final de Investigación Especial, emitido el 24 de septiembre, que examinó actuaciones desarrolladas entre 2024 y 2026. La revisión abarcó la reposición de la pileta de la Plaza de Armas y la construcción del ornamento central de la Alameda O’Higgins, entre calles Portus y Toromazote.

En la Alameda O’Higgins, Contraloría identificó trabajos ejecutados por más de 4 millones de pesos que no fueron incorporados en la valorización municipal.

Además, exigió revisar técnicamente las obras, al no poder validar los avances informados por la empresa y el municipio.

En la pileta de la Plaza de Armas, dos estados de pago por más de 20 millones de pesos permanecían sin un pronunciamiento formal. También faltaban antecedentes suficientes para respaldar una multa calculada sobre 106 días de incumplimiento y acreditar la resolución de la reconsideración solicitada por la contratista.

El concejal de San Felipe, Ricardo Covarrubias, calificó la situación como “seria” y señaló que están a la espera de que la administración entregue al Concejo Municipal mayores antecedentes sobre las observaciones.

“Por lo tanto, hoy día estamos frente a una situación bastante seria con respecto a dos obras, que es la Plaza de Armas y una construcción de una área verde de la Alameda Bernardo O’Higgins. Así que estamos a la espera también de otros informes que tienen que ir elaborados por parte de la administración para que se la entregue a la Mesa del Concejo Municipal”, explicó Covarrubias.

A las correcciones exigidas por Contraloría en los contratos de obras se suman otras gestiones pendientes en la Municipalidad de San Felipe, relacionadas con la aplicación del plan regulador.

En este ámbito, el concejal, César Lazo, señaló que pidió a la Seremi de Vivienda revisar una interpretación de la normativa que, según advirtió, ha impedido renovar patentes comerciales y autorizar la apertura del centro de urgencia SAR de la comuna.

“Ahora hay muchos comerciantes por la avenida Maipú, no se están dando permisos nuevos, no se puede abrir el SAR. Solicité que se consultara a la Seremi, que hiciera una nueva interpretación. La Seremi dijo que eso iba a tener un término positivo, pero también iba a depender de la agilidad que tenga para realizar los trámites en el municipio”, expuso Lazo.

Pese a los reiterados esfuerzos de La Radio, el municipio de San Felipe no se ha pronunciado al respecto.

En lo inmediato, la casa consistorial tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del documento, para remitir el acto administrativo que ordene la investigación y designe al fiscal encargado de establecer las eventuales responsabilidades.