La mañana de este martes comenzó la segunda etapa del desalojo de la megatoma del cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, operativo que busca recuperar las 40 hectáreas restantes del asentamiento irregular, en cumplimiento de una resolución judicial.
El procedimiento se inició cerca de las 08:30 horas en el lote 1A2, correspondiente a los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada, con un amplio despliegue de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), personal de la Delegación Presidencial, maquinaria pesada y empresas de servicios básicos.
Durante las primeras horas del operativo, personal de Chilquinta comenzó el retiro del tendido eléctrico instalado de forma irregular, mientras maquinaria ingresó para iniciar la demolición de las estructuras. Hasta el cierre de esta nota, el procedimiento se desarrollaba sin incidentes de consideración.
Desalojo responde a fallo de la justicia
La intervención se realiza por orden de la justicia, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera en junio de 2023 un recurso de protección presentado por el propietario del terreno, fallo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024.
La resolución ordenó restituir el predio a su dueño, reconociendo su derecho de propiedad, e instruyó la coordinación de diversos organismos públicos para que el proceso se desarrollara de manera segura y resguardando a las personas involucradas.
La megatoma del cerro Centinela abarca 98,4 hectáreas. La primera etapa del desalojo, ejecutada en enero de este año, permitió recuperar 58,4 hectáreas.
Ahora comenzó la segunda fase, que considera la recuperación de las 40 hectáreas restantes, donde existen 853 estructuras.
La primera subetapa contempla intervenir 5,4 hectáreas durante esta semana, con la demolición de 156 viviendas: 60 del campamento Fuerza Guerrera y 96 de Agua Salada.
Abandonos voluntarios
De acuerdo con el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en este sector residían 115 personas, aunque las autoridades señalaron que muchas ya abandonaron voluntariamente el lugar tras las notificaciones realizadas con anticipación.
Las familias fueron notificadas formalmente por un receptor judicial durante 2024 y, desde marzo de este año, la Delegación Presidencial sostuvo reuniones con dirigentes de la megatoma para coordinar el proceso. Además, el 15 de junio se informó directamente a cada familia la fecha del operativo.
La planificación contempla avanzar aproximadamente una hectárea por día.
Carabineros prevé una jornada tranquila
La jefa de Zona de Carabineros de Valparaíso, general Patricia Vásquez, explicó que el despliegue policial busca principalmente resguardar la seguridad de los habitantes y de los equipos que participan en el operativo.
“Carabineros se encuentra desplegado (…) para salvaguardar la seguridad, primero de la gente que está habitando la megatoma”, afirmó.
Vásquez agregó que, de acuerdo con los análisis realizados previamente, se esperaba una jornada sin mayores inconvenientes, aunque advirtió que el escenario podría cambiar.
“Preveemos que esta jornada sería tranquila, pero esto puede variar”, señaló, haciendo un llamado a los ocupantes a colaborar con las instrucciones policiales.
Asimismo, indicó que, a diferencia del primer desalojo realizado a comienzos de año, en esta oportunidad se dispuso un contingente menor, decisión basada en las evaluaciones efectuadas tras los primeros procedimientos.
Familias ya abandonaron el lugar
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, sostuvo que un número importante de familias dejó voluntariamente el sector antes del inicio del operativo, apoyadas incluso por camiones facilitados durante el fin de semana para el traslado de sus pertenencias.
Según indicó, dirigentes de la megatoma estimaban que quedaban menos de 30 viviendas ocupadas en el sector intervenido, aunque esa cifra aún debía ser verificada por las autoridades.
Millones también reiteró que el Gobierno continuará apoyando a las familias que buscan una solución habitacional por la vía institucional, pero descartó que las tomas de terreno constituyan un mecanismo válido para acceder a una vivienda.
Vecina cuestiona falta de alternativas
En medio del operativo, Eugenia Araya, una de las residentes del sector, señaló que abandonará el lugar para no exponer a su familia, aunque criticó la falta de una solución habitacional.
La mujer aseguró que, junto a otros vecinos, llegó al terreno en 2019 tras participar en reuniones donde —según relató— se les indicó dónde podían construir.
Respecto de su futuro inmediato, afirmó que no utilizará el albergue habilitado por el municipio debido a sus limitaciones. “Voy a guardar mi casa en un sitio que me cedieron para poder seguir”, comentó.
Medidas de seguridad y apoyo social
El operativo considera un importante despliegue de seguridad, con refuerzo de personal policial, puestos de mando, drones de vigilancia, controles preventivos y un perímetro de resguardo en el sector.
En paralelo, la Municipalidad de San Antonio habilitó un albergue con capacidad para 70 personas en el Colegio España de Llolleo, además de un segundo recinto de emergencia que será activado en caso de ser necesario.
También se coordinó apoyo para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y pacientes electrodependientes, además del traslado de enseres mediante un camión dispuesto por el propietario del terreno.
Una vez concluido el desalojo, el dueño del predio deberá ejecutar obras para impedir nuevas ocupaciones, entre ellas la construcción de zanjas e instalación de un cierre perimetral.
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