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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Concejal de Villa Alemana denuncia irregularidades en arriendo de inmueble por SLEP Marga Marga en Quilpué. Cuestiona contrato de subarrendamiento por 25 mil UF y elevados costos. Falta de fundamentación técnica y estudios de mercado, según denuncia. Otros concejales defienden legalidad y necesidad del arriendo. Director del SLEP asegura cumplimiento de la ley. Denuncia pide revisión de contrato y posible responsabilidad administrativa.

Concejales de la región de Valparaíso presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso por eventuales irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Marga Marga, relacionadas con el arriendo de un nuevo inmueble en la comuna de Quilpué.

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La acción cuestiona la legalidad, eficiencia y argumentación económica del contrato de subarrendamiento aprobado en septiembre de 2025, el que compromete más de 25 mil UF por un período de cinco años, además de un elevado costo de habilitación.

El concejal, junto a la concejala de Quilpué, Mónica Neira, señalan que el SLEP ya cuenta con otro inmueble destinado a funciones administrativas, sin que exista una fundamentación técnica suficiente que justifique la necesidad de un segundo recinto y el gasto asociado.

Asimismo, advierten la eventual ausencia de estudios de mercado y análisis comparativos que acrediten la elección de la alternativa más económica, además de falta de claridad respecto del destino final de las obras de habilitación financiadas con recursos públicos.

En contraste, el concejal de Villa Alemana, Ignacio Navarro, y la concejala de Quilpué, Paula Castro, señalaron que, tras consultas con Bienes Nacionales, el arriendo se realizó conforme a la normativa vigente y con autorización de la Dirección de Presupuestos.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Sebastián Sepúlveda, afirmó que todas las actuaciones se han efectuado conforme a la ley y aseguró que colaborarán con cualquier requerimiento que emita la Contraloría.

Finalmente, la denuncia solicita al órgano contralor revisar la legalidad del contrato, verificar el cumplimiento de los principios de eficiencia y economicidad del gasto público y determinar si existen eventuales responsabilidades administrativas.

Será ahora la Contraloría Regional la que deberá resolver si admite a trámite la presentación y dar inicio a una investigación formal.