La Contraloría General de la República emitió un informe final que detectó una serie de problemas administrativos en la Municipalidad de Casablanca, entre los que se cuentan 13 empresas privadas que registran como domicilio inmuebles municipales, y en los que incluso funcionan dependencias consistoriales.

Ausencia de auditorías, falta de acreditación de seguimiento y monitoreo de la Unidad de Control del municipio y 46 cheques no cobrados que no figuran en los registros de la municipalidad, son solo algunas de las cerca de 20 deficiencias que el ente contralor advierte sobre cómo funciona la municipalidad.

En el documento, se cuestiona el proceso y las conclusiones de 17 sumarios administrativos realizados en los últimos ocho años, pidiendo a la alcaldía de Rodrigo Martínez que dé término con la correspondiente entrega de resultados a dichos sumarios.

Además, la Contraloría mandató regularizar patentes de alcoholes que figuran a nombre de personas fallecidas hace más de tres años, y planteó la falta de una ordenanza municipal que regule el horario de funcionamiento de restaurantes.

Asimismo, se observó que hay personas en Casablanca que ejercen actividades económicas afectas a tributo emitiendo boletas bajo el nombre de otros individuos o derechamente sin patente municipal.

La administración actual indicó que pidieron al ente contralor que realizaran el informe, para entregar herramientas al municipio. Desde lo político, la postura es que la gran mayoría de las deficiencias se dieron en el período del exalcalde Manuel Jesús Vera, quien fue destituido en 2011 por notable abandono de deberes y faltas a la probidad.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) y exadministrador municipal, Alfonso Barros, insistió en que la municipalidad se encontraba en una situación de desorden, y que las observaciones del organismo permitirán regularizar una serie de situaciones internas.

“Esto se da en un periodo en que el municipio no estaba bajo nuestra administración y no estaba toda la información”, indicó.


“Nosotros sabíamos que habían empresas en esa dirección pero muchas veces no tienes toda la información real y concreta de quién es el propietario, porque mientras la persona pague su patente no tienes cómo notificarlo”
- Alfonso Barros, director de la Secpla

Todos los registros de trámites se anotaban en cuadernos, habían solo dos cuentas corrientes y el Departamento Jurídico contaba en realidad con solo un abogado.

A ello se suman las acusaciones en contra del exalcalde, que indican que habría utilizado fondos municipales para otros fines que no estaban considerados en el gasto municipal.

Según la alcaldía, la Contraloría no entregó un plazo definido para resolver las observaciones, pero esperan dar respuesta antes del término de 2019 todos y cada uno de los puntos que cuestionó el ente contralor.