El miércoles, por orden del fiscal Carlos Palma, la policía de investigaciones allanó por nueve horas, desde las 5:30 de esa mañana, el domicilio en Machalí del fiscal Sergio Moya por la denuncia del suspendido fiscal Emiliano Arias, que gracias a un correo anónimo, vinculó a su ex subalterno en el caso Operación Huracán.
Según las fuentes judiciales consultadas por Bío Bío La Radio, ese día Moya debía llevar todas las evidencias de la investigación, por presuntos delitos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, al fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros, quien quedó finalmente con el caso.
Sin embargo, y aunque se les advirtió que esas pruebas estaban bajo cadena de custodia, los efectivos de la PDI incautaron las copias forenses de los discos duros de los PC de los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez.
Además se llevaron los teléfonos móviles de los abogados de Rancagua, Gabriel Henríquez, Pablo Latorre, Rodrigo Guerrero, Víctor Beltrán y Muta Adams, cuyas oficinas habían sido allanadas el jueves 11 de abril por su presunta responsabilidad en el supuesto pago de coimas a los ministros Elgueta, Vásquez y Marcelo Albornoz.
Según las fuentes consultadas, el fiscal Barros ofició el jueves al fiscal Palma para la pronta devolución de las evidencias y en forma paralela se puso la situación en conocimiento del juzgado de Garantía de Rancagua, que a la vez informó al presidente de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, Pedro Caro.
Consultado sobre las denuncias cruzadas entre Arias y Moya, el vocero de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, manifestó que están “hastiados” con la situación.
En tanto, la sala de cuentas de la Corte de Apelaciones de Santiago debe definir este lunes si acoge a trámite el recurso de protección contra el fiscal nacional Jorge Abott que interpuso el suspendido fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias.
El recurso de protección apunta a las dudas sobre la calidad de investigar en forma imparcial y objetivo del fiscal Alberto Ayala.
El abogado Roberto Garrido recuerda que además de esta investigación administrativa Ayala indaga en una arista penal a Arias, por la querella presentada por Sebastián Dávalos Bachelet por presuntas filtraciones a la prensa de antecedentes del Caso Caval.
Además está la reunión de este fiscal con el fiscal Sergio Moya el día 18 de abril, un día antes que formulara sus denuncias públicas contra Arias en la entrevista a Bío Bío La Radio.
El abogado también explicó que el recurso pretende que se deje sin efecto la suspensión de funciones, que no estaría bien fundamentada.
Garrido dijo que se vieron obligados a recurrir a la justicia, porque no hay otros mecanismos para impugnar en forma interna las decisiones de Abott.
La mañana del viernes retomó sus funciones en Rancagua el fiscal Sergio Moya, jefe de la unidad de alta complejidad, unidad que hoy quedó sin casos de alta connotación como la investigación a los encubrimientos de los delitos sexuales cometidos por curas.
