La Fiscalía de Chillán formalizó a un ex policía de la PDI por el delito de violación de secreto mientras estaba en funciones. Esto, tras obtener del sistema informático los antecedentes reservados de una causa por abuso sexual contra el hermano de su pareja. En la misma audiencia el Ministerio Público, con la aprobación de la fiscal regional Nayalet Mansilla, suspendió la pesquisa imponiendo al imputado la condición de pagar 60 mil pesos a un hogar de ancianos.

Por el mismo delito en Rancagua el Ministerio Público llevó a juicio oral al fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias. En Chillán, sin embargo, un renunciado funcionario de la Brigada de Delitos Sexuales fue dejado sin sanción, al ofrecer la Fiscalía una suspensión condicional del procedimiento.

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El caso es el de David León Yévenes, quien según los cargos formulados en la audiencia ante el Juzgado de Garantía por la fiscal Cecilia González, accedió al sistema informático interno de la PDI para obtener los detalles de una denuncia contra el hermano de su pareja, causa que hasta entonces era reservada.

En octubre del mismo año, el 2019, el policía civil ingresó por segunda vez al sistema, obtuvo nuevos antecedentes -los que envió a su cuñado- configurándose, según el Ministerio Público, el delito de violación de secreto.

Sin embargo, tras formalizarlo, la Fiscalía ofreció al imputado la salida alternativa de suspensión de la indagatoria con algunas condiciones, entre ellas el pago de 60 mil pesos a un hogar de ancianos, lo que fue aprobado por la jueza Antonieta Núñez, tras consultar a León Yévenes si aceptaba los términos del organismo persecutor.

Radio Bío Bío intentó obtener -sin éxito- una versión de la Fiscalía Regional de Ñuble por la decisión de ofrecer una salida alternativa a pesar de la gravedad del ilícito.

Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) respondieron que a pesar de haber sido oportunamente informados del caso, estaban analizando si hacerse parte a través de una querella.

Mientras, desde la PDI informaron que David León fue asistente policial y no detective, que renunció voluntariamente en diciembre pasado y que enfrentó un sumario, recibiendo una sanción menor en junio pasado.