En un masivo operativo coordinado entre la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía y la PDI, se realizaron múltiples allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Puerto Natales y domicilios particulares de exautoridades de la comuna.
Las diligencias, lideradas por la fiscal Johana Irribarra, permitieron la incautación de teléfonos celulares, computadores y abundante evidencia documental.
Según explicó el subprefecto Francisco Garrido, jefe de la Bridec Punta Arenas, estos peritajes buscan recuperar evidencia digital clave para la investigación de delitos funcionarios.
Cabe recordar que este proceso judicial se gatilló a raíz de una querella criminal interpuesta por la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Mayorga, en contra de su antecesora, Antonieta Oyarzo Alvarado, y quienes resulten responsables.
Diligencias en municipio
La acción legal apunta a graves irregularidades financieras detectadas tras el cambio de mando.
La denuncia sostiene que existió un “descalabro” administrativo en la Corporación Municipal, como el presunto desvío de fondos, donde se acusa el uso de 240 millones de pesos destinados a infraestructura escolar para el pago de sueldos.
Otra arista son las deudas por convenios. Según se detalló, la firma de acuerdos colectivos sin respaldo financiero hoy significa descuentos millonarios desde el Fondo Común Municipal.
A lo anterior se suman las subvenciones no acreditadas: más de mil millones de pesos en fondos escolares que no habrían sido debidamente justificados ante los organismos de control.
El perjuicio total denunciado asciende a $9.018.838.492, cifra que la Fiscalía busca acreditar mediante el análisis de la evidencia incautada en este operativo.
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