Según Contraloría, un funcionario de la Corporación Municipal de Natales prestó servicios por más de 50 millones de pesos y se le canceló con dineros de subvención escolar.
Una grave irregularidad detectó la Contraloría General de la República en la Corporación Municipal de Natales (Cormunat), tras la polémica contratación de un abogado.
Se trata de Carlos Hidalgo Guerrero, quien fue contratado por la alcaldesa, Antonieta Oyarzo, con dineros para la subvención escolar, pese a que habría prestado servicios en el municipio, lo cual no correspondería debido a que sus funciones son otras.
Según se lee en el escrito, el abogado contratado por la Cormunat trabajó y presentó las denuncias por daños en bienes públicos, accidentes en la vía pública y una denuncia por incendio del vertedero municipal.
Pero además, presentó la defensa de la alcaldesa por la querella presentada por un ciudadano chino por la empresa denominada “Suerte Limitada” por negación de concesión de patente comercial a dicho establecimiento.
Asimismo, asumió el patrocinio en las querellas presentadas por la Municipalidad de Natales, sin que exista vínculo entre el abogado y la entidad edilicia.
Al respecto, Contraloría señala que “las labores realizadas por el abogado en esta materia, son funciones propias y habituales del municipio encomendadas a la unidad de asesoría jurídica del municipio”.
Dichas funciones deben ser desempeñadas por funcionarios de planta o a contrata, no procediendo su entrega a terceros ajenos a la administración del municipio, puntualiza el órgano contralor.
De acuerdo a los antecedentes, Carlos Hidalgo Guerrero percibió 55 millones de pesos ($55.705.248) por sus servicios, cuyo origen de los fondos para el millonario pago, de acuerdo con el informe de Contraloría, se financian directamente con dineros provenientes de la subvención general de educación.
Según lo anterior, la Contraloría determinó que el pago de estos honorarios no se ajustan a los fines de la subvención establecidos por el Mineduc.
Por lo mismo, la entidad fiscalizadora remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para los fines que estime pertinentes de acuerdo con sus facultades.
Finalmente, Contraloría Regional de Magallanes iniciará un procedimiento disciplinario, a fin de determinar las eventuales irregularidades cometidas por la administración de la alcaldesa Antonieta Oyarzo.
