La defensa de un sujeto condenado por el femicidio contra Elizabeth Mella en Punta Arenas, hecho ocurrido durante el Día de la Mujer de 2020, solicitó la nulidad del juicio.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas tendrá que pronunciarse respecto de la condena en contra de Luis Huaiquil Andrade, quien fue sentenciado a presidio perpetuo simple y 15 años de cárcel por el crimen de Elizabeth Mella Cárcamo.
El sujeto fue condenado por femicidio ante los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2020, en el Día Internacional de la Mujer.
Según la sentencia, apuñaló en 24 oportunidades a la víctima tras mantener relaciones sexuales en un domicilio de la Población Cardenal Silva Henríquez. Luego, prendió fuego a la habitación para ocultar el asesinato, pero las llamas no alcanzaron a propagarse por el resto de la vivienda.
El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas lo sentenció por femicidio íntimo e incendio. Los jueces resolvieron que Huaiquil Andrade presidio perpetuo simple, o sea, recién después de 20 años podrá postular a beneficios penitenciarios. Además, le impusieron otros 15 años por quemar el domicilio de la víctima.
Según el recurso de nulidad de la defensa, el presidio perpetuo es excesivo e impide cualquier intento de reinserción, lo que infringe los tratados internacionales que ha suscrito Chile.
“El Estado tiene el deber jurídico y la responsabilidad moral, política e institucional de cumplir con las obligaciones que surgen del Derecho Internacional de protección de los Derechos humanos, el régimen de ejecución de la pena no debe transformar a la prisión perpetua en una forma de trato cruel, inhumano y degradante”, dice la acción.
La defensa insiste en que Huaiquil Andrade es inocente. En su recurso alegan que la prueba genética, caligráfica y georreferencial que lo inculpan no fue suficiente para acreditar su participación en los hechos.
“No hay prueba directa alguna que involucre de cualquier forma a mi representado con los hechos del homicidio y posterior incendio”, señala el recurso firmado por el defensor Guillermo Ibacache.
Los recurrentes solicitan que la Corte de Apelaciones anule la sentencia en contra del acusado. Si ello ocurre, el tribunal de alzada tendrá que ordenar la realización de un nuevo juicio oral ante una sala no inhabilitada.
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