La Municipalidad de Valdivia confirmó la suspensión preventiva del funcionario formalizado por integrar una red de venta ilegal de recursos marinos entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
Se trata de Pablo Sánchez, asesor de comunicaciones e integrante del gabinete de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann.
En este procedimiento se detuvo a 54 personas, incluido el funcionario de confianza de la jefa comunal, pero solo cuatro quedaron en prisión preventiva tras la formalización desarrollada el martes.
Tras conocerse el caso, el municipio informó el inicio de un sumario administrativo en contra del investigado y este miércoles se dio a conocer que la fiscal designada decretó “la suspensión preventiva del funcionario”, según reportaron en un comunicado.
Esta medida estará vigente durante el periodo en que esté en curso la investigación del sumario.
“Siguiendo su compromiso de transparencia, la administración municipal mantendrá informados a los vecinos y vecinas del curso de este proceso”, añadieron en el escrito.
Investigación de la Fiscalía
Según el ente persecutor, la organización operaba mediante tres subgrupos estructurados que traficaban grandes volúmenes de recursos pesqueros desde la región de Los Lagos hacia la ciudad de Valdivia, con ramificaciones hacia las regiones de La Araucanía y Metropolitana. Unidades que trabajaban de manera coordinada para evadir controles sanitarios, de trazabilidad y tributarios.
La primera estructura se abastecía de cargamentos ilícitos en Calbuco, a través de dos proveedores imputados en el caso. Rama que, además, contaba con una red de recaudación de dinero en la Feria Fluvial de Valdivia y la colaboración de cajeras del peaje en La Unión, las que les avisaban de eventuales fiscalizaciones en la ruta.
La segunda estructura tenía su centro de acopio y comercialización en puestos de la Feria Fluvial de Valdivia.
Finalmente, la tercera estructura era abastecida por un “clan familiar” de Calbuco y movilizaban entre 2.500 y 3.000 kilogramos dos veces por semana. Asimismo, la organización contaba con la participación activa de funcionarios de Carabineros y Sernapesca, quienes actuaban como brazos operativos.
Las ganancias obtenidas por el comercio ilícito de productos del mar le permitieron a la organización obtener un patrimonio estimado en $4.500.000.000, por lo que implementó un masivo esquema de lavado de activos, que incluía el uso de múltiples cuentas bancarias, la adquisición de vehículos de alto valor, viviendas e inversiones inmobiliarias.
Estas actividades produjeron un perjuicio fiscal calculado, solo respecto de la evasión del impuesto al valor agregado (IVA), en $855.000.000.
En la causa, a tres imputados se les sindicó como los responsables de comercializar salmón no apto para el consumo humano, obtenido desde una planta clandestina en Puerto Montt; en el caso de uno de los líderes se encontraron e incautaron armas de fogueo y municiones.
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