El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark y Sergio Yáñez, en el marco de la investigación por el denominado Caso Sartor.
La medida fue adoptada luego de que el tribunal diera por acreditados, en esta etapa de la investigación, delitos como lavado de activos y fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA), además de distintos tipos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
El tribunal consideró la gravedad de los delitos imputados, las penas que arriesgan los acusados y el riesgo que sus libertades representarían para la seguridad de la sociedad y el desarrollo de la investigación.
Además, el juzgado estableció en 120 días el plazo para que el Ministerio Público continúe con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Los delitos investigados en el Caso Sartor
La resolución se conoce luego de dos semanas de audiencias de formalización, instancia en la que la Fiscalía expuso los antecedentes que sustentan su investigación contra cinco exdirectores y ejecutivos vinculados al Grupo Sartor.
Junto con el lavado de activos y el fraude por omisión de OPA, el tribunal tuvo por acreditados provisionalmente distintos tipos de estafa, con un perjuicio atribuido que supera los $2.200 millones.
También se consideró la existencia de una eventual administración desleal y apropiación indebida. En cambio, el tribunal no dio por acreditado, en esta etapa, el delito de contrato simulado.
El quinto imputado en la causa es Rodrigo Bustamante, respecto de quien la situación cautelar fue abordada de manera distinta por el tribunal, quedando con arresto domiciliario parcial.
Controversia por Michael Clark y Azul Azul
Uno de los principales puntos de discusión durante la formalización fue la situación de Michael Clark y su vínculo con Azul Azul.
La Fiscalía sostiene que la operación mediante la cual Clark adquirió cuotas de un fondo de inversión que controlaba el 63% de Azul Azul implicó una toma de control indirecta. Por ello, el Ministerio Público plantea que debió realizarse una oferta pública de adquisición (OPA).
La defensa del empresario, en tanto, sostuvo que la adquisición se realizó sobre un fondo que ya tenía el control de la sociedad, por lo que no se configuraría una operación que obligara a realizar una OPA.
Durante las audiencias, el Ministerio Público también presentó antecedentes que, según la Fiscalía, darían cuenta de la influencia que Clark habría ejercido en decisiones de Azul Azul.
Perjuicio a inversionistas
Otro de los puntos abordados durante la formalización fue el eventual perjuicio económico provocado a inversionistas del Grupo Sartor.
Las defensas cuestionaron las responsabilidades que les atribuye el Ministerio Público y apuntaron, entre otros antecedentes, a actuaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a un fallo de la Corte Suprema relacionado con la primera decisión de la CMF de revocar la autorización de Sartor AGF.
Desde la parte querellante, en cambio, se sostuvo que el daño patrimonial se habría producido antes de las actuaciones de la CMF.
Con las medidas cautelares decretadas este martes, el tribunal dio un nuevo paso en una investigación que continuará durante los próximos **120 días**, periodo en el que la Fiscalía deberá profundizar las diligencias y reunir nuevos antecedentes sobre los hechos y la eventual participación de cada uno de los imputados.
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