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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Conaf detectó irregularidades y daños ambientales en la ribera del Río Bueno, Los Ríos, tras un derrumbe que puso en peligro a un grupo de turistas que realizaban rafting. Se constataron afectaciones a la vegetación y deslizamientos de tierra, provocando indignación y denuncias. La fiscalización reveló remoción de suelo y daño a especies nativas. Conaf denunciará el caso al Ministerio Público, ya que el responsable no contaba con permisos ni plan de manejo.

En la región de Los Ríos, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) constató irregularidades, afectaciones a la vegetación y deslizamientos de tierra en la ribera del río Bueno, tras un video que reveló la caída de material que afectó a un grupo que realizaba rafting.

El caso quedó al descubierto a finales del año pasado, cuando cerca de 9 personas, incluidos menores de edad, estaban realizando esta actividad mediante un tour operador de la zona.

El registro causó indignación y, además de la presentación de denuncias por parte de los afectados, este lunes, la Conaf reveló que durante una fiscalización al lugar se verificaron distintas irregularidades.

Lo más complejo tiene que ver con el daño a la vegetación, especialmente la quila, que junto a otros arbustos cumple un rol fundamental en la estabilización de la ladera del río Bueno, que se caracteriza por tener bastante inclinación.

Al respecto, el director regional de Conaf, Arnoldo Shibar, dijo que “se constató efectivamente una alteración en la zona de protección del curso de agua, principalmente remoción de suelo y algunas especies nativas, principalmente árboles y arbustos nativos en el sector”.

Es por ese motivo que la Corporación anunció que denunciarán el caso ante el Ministerio Público. El director Shibar también detalló que el particular que está efectuando la faena no contaba con ningún permiso ni plan de manejo autorizado.

Durante la fiscalización asistieron junto a funcionarios de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones (PDI) y no se descarta que otros servicios públicos con pertinencia en esta área realicen nuevas fiscalizaciones. En el ámbito judicial, la investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía.