La actual Delegación Presidencial de Los Ríos presentó un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de dejar sin efecto el fallo que obliga al organismo a implementar medidas de resguardo en un predio de Corral, tomado por una comunidad mapuche desde marzo de este año, y por el cual ya existe un proceso judicial.
La Delegación Presidencial de Los Ríos busca dejar sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ordenó a la ex Delegada Presidencial, Paola Peña, implementar medidas de resguardo en un predio tomado por una comunidad mapuche en la comuna de Corral.
Mediante un recurso de apelación, el equipo jurídico de la Delegación Presidencial de Los Ríos pidió elevar los antecedentes a la Corte Suprema para que este último tribunal revoque el fallo emitido el 24 de octubre del 2022.
En dicha resolución se determinó que la Delegación Presidencial no ha cumplido con las solicitudes de implementar medidas de protección con el apoyo de Carabineros en el fundo “La Galera” de la comuna de Corral y ordenó a la autoridad que tome las medidas de resguardo antes mencionadas.
En el documento judicial se especifica que dicho predio fue ocupado por una comunidad indígena el 5 de marzo del 2022, presentándose posteriormente una denuncia por usurpación, que actualmente está vigente.
Recurso de apelación
Esta semana, la Delegación Presidencial de Los Ríos presentó un recurso de apelación, argumentando que lo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valdivia se inmiscuye en la forma en la que el Gobierno y las policías distribuyen sus recursos en relación a las necesidades de la población.
Enfatizaron en que las medidas de protección son resorte del Ministerio Público y en Carabineros recae su cumplimiento e implementación.
En el recurso mencionan que la ahora exdelegada no incurrió en omisión alguna, ya que semanalmente se reunió con las instituciones con competencia en materia de seguridad pública con el fin de abordar acciones que vayan orientadas al resguardo de la población, pidiendo cuenta a Carabineros sobre el estado de las medidas de protección que deben implementarse en dicho predio.
Mencionan que no es posible que la Delegación Presidencial pueda solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública para desalojar el inmueble, porque se trata de un inmueble privado, en el cual ya existe una causa penal en curso, con medida de protección decretada.
Además, aseguran que la ahora ex Delegada Presidencial dio estricto cumplimiento a sus obligaciones en el marco de sus facultades legales y constitucionales; para ello, detallaron mediante 6 puntos, todas las acciones realizadas, entre ellas una conversación por video llamada con los propietarios del predio y reuniones con las policías, Fiscalía y la subsecretaría del interior, entre otras.
Con esta acción legal, ahora falta saber si la Corte Suprema rechazará el recurso de protección interpuesto contra la ex Delegada Presidencial o mantendrá vigente la orden emanada contra la ex autoridad
