La ribera del Lago Ranco, en la región de Los Ríos, se convirtió en la protagonista de una serie de irregularidades detectadas por la Contraloría General de La República, constatando casi 100 ocupaciones ilegales en bienes nacionales de uso público, más de 40 cañerías aductoras de posibles extracciones ilegales de agua y por si fuera poco, particulares limitando el libre acceso a las playas.
Contraloría detectó una serie de irregularidades en la ribera del Lago Ranco, en la región de Los Ríos. Ocupaciones ilegales en bienes nacionales de uso público, cañerías aductoras de posibles extracciones ilegales de agua y particulares limitando el libre acceso a las playas, confluyen en un lapidario informe que salpicó a una serie de instituciones regionales.
El organismo fiscalizador realizó la auditoría con el objetivo de conocer las acciones y medidas adoptadas por la Seremi de Bienes Nacionales y las entidades competentes.
Lo anterior, en “su función de garantizar los accesos a las playas y el resguardo del cumplimiento de las exigencias normativas aplicables a las edificaciones en el borde costero del Lago Ranco”. ¿Cuándo? Entre el 01 de enero del 2020 y el 30 de abril de 2022.
Además de constatar irregularidades, la Contraloría detectó falta de coordinación entre las instituciones encargadas de velar por el buen uso de estos espacios públicos. Entre ellas, las municipalidades de Futrono, Lago Ranco y La Unión, debido a construcciones que no contaban con los permisos de edificación y otro porcentaje que no tenía la recepción definitiva de obras.
Falta de libre acceso a playas del Lago Ranco
Fue durante el mes de julio de este año que equipos de la Contraloría realizaron visitas y recorridos náuticos para revisar el borde costero del Lago Ranco, considerando 25 playas y las concesiones marítimas vigentes.
De esta manera se detectó el impedimento para acceder de manera libre a ocho playas en los sectores de Imahue, Aserrín, Puerto Guarda, Golfo Azul, Puerto Retting, Quimán, Caunahue y La Trafa. Estas se encontraban reservadas para el “uso exclusivo de los propietarios de los condominios contiguos” a estas zonas.
La situación acusa las acciones y medidas adoptadas por la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos, ya que, de acuerdo al organismo, la repartición debe prever que los particulares brinden acceso gratuito a estos espacios cuando no existan caminos públicos habilitados.
Por si fuera poco, la Contraloría también detectó que la cartera no cuenta con un documento que fije los deslindes de todas las playas con las propiedades privadas que colinda, por lo que es imposible conocer la totalidad de áreas que cuentan con esta definición.
Lejos de entregar una explicación ante la evidente falta de fiscalización, el seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos, Jorge Pacheco, señaló que este es un tema prioritario para el Ministerio.
Pese a lo relevante que es el tema para la cartera, la respuesta fue entregada a través de una grabación que envió la Unidad de Comunicaciones de la repartición. Esto, a pesar de que Radio Bío Bío solicitó una entrevista presencial con la autoridad, que fue rechazada por un corte de agua programado en la oficina y por teletrabajo.
Para un contacto telefónico tampoco estuvieron disponibles por actividades en terreno.
De todos modos, la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos aseguró que ya está trabajando para resolver las observaciones que realizó Contraloría, contando con 60 días hábiles para dar solución.
Ocupaciones ilegales y obras sin permisos
Como se indicó anteriormente, la auditoría también buscó conocer las acciones y medidas adoptadas por todos los organismos competentes, uno de esos es la Capitanía de Puerto de Lago Ranco, que depende de la Gobernación Marítima de Valdivia.
Es así como Contraloría detectó una falta de fiscalización oportuna que impidiera la ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público en la ribera del Lago Ranco.
En su respuesta, la Capitanía de Puerto señala que tras una inspección entre mayo y julio de 2021, detectó 318 obras ejecutadas en el borde del lago que no cuentan con concesión marítima y que corresponden a 95 ocupaciones ilegales.
A pesar de que se intenta negar una falta de fiscalización, la Contraloría señala que la cantidad de irregularidades en el borde del Lago Ranco, evidencian la ausencia de medidas para evitar estas situaciones.
El capitán de fragata y gobernador marítimo subrogante de Valdivia, Francisco Arias, reconoció falta de recursos humanos para realizar estas tareas, aunque aseguró que lo están haciendo bien.
“No hablaría tanto de una falta, como si fuera cero (…) Estamos fiscalizando, tenemos un plan”, manifestó.
En la auditoría también se detectó que en los sectores de Pitreño e Ilihue, en la comuna de Lago Ranco, existen 34 obras con una cantidad de ocupantes ilegales indeterminados que no se encuentran catastrados.
El capitán de fragata aseguró que las obras consisten en rampas, muros, muelles y tuberías, entre otras. La autoridad garantizó que están trabajando junto a los municipios y el Servicio de Impuestos Internos con el objetivo de ubicar a los propietarios y conocer su intención de regularizar estas construcciones.
Así, las personas contarán con 10 días para manifestar su intención de dejar todo en regla. De no hacerlo, la Capitanía de Puerto puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para desalojar y restituir los bienes nacionales de uso público.
De hecho, ese es otro tema al que alude Contraloría: la institución marítima solicitó en 17 oportunidades el acompañamiento para sacar las construcciones de los particulares, pero la autoridad, que en este caso corresponde a la Delegación Presidencial del Ranco, habría autorizado sólo una.
Arias explicó que las fiscalizaciones también son difíciles de realizar, no por la falta de medios, sino porque varias obras corresponden a un “apoyo” a segundas viviendas que no son habitadas la mayor parte del tiempo.
Respecto a los catastros, el capitán de fragata aseguró que ya están trabajando en la actualización de este registro. De igual manera, desarrollan un plan para regularizar todas las observaciones, contando con 60 días hábiles para informar sobre las acciones adoptadas.
Posibles extracciones ilegales de agua en el Lago Ranco
La Contraloría también apuntó a una falta de fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) en Los Ríos, ya que se detectaron 43 cañerías aductoras de posibles extracciones ilegales de agua desde el Lago Ranco hacia propiedades particulares, que no cuentan con los derechos de aprovechamiento.
En su respuesta, la repartición señaló que sólo tienen dos funcionarios para realizar este tipo de tareas, lo que hace imposible estar presente en “todos y cada uno de los cauces y lagos de la región”.
A pesar de esto, Contraloría deja claro que existe un principio de “inexcusabilidad” y que, por lo mismo, la DGA no se puede excusar en la falta de medios para realizar su trabajo.
Consultada por esta situación, la directora de la DGA en Los Ríos, Francisca Vergara, reafirmó esta respuesta y detalló que ahora cuentan con tres fiscalizados y un apoyo administrativo.
Sobre las cañerías aductoras que no están asociadas a derechos de aprovechamiento, explicó que por el momento desconocen si efectivamente corresponden a extracciones ilegales. Acotó que la reforma al Código de Aguas permite extraer el recurso sin necesidad de contar con una autorización cuando se destina para consumo humano.
“Revisando caso a caso vamos a ver si efectivamente se está realizando una extracción ilegal (…) En este escenario es donde no todas estas acciones están cometiendo una infracción”, agregó.
¿Cuándo se podría conocer si las cañerías corresponden a extracciones ilegales? Durante el primer trimestre del 2023, para cuando se piensa realizar una campaña de fiscalizaciones en el Lago Ranco.
Obras sin permisos de los municipios
El informe de Contraloría, que comenzó con una auditoría a la Seremi de Bienes Nacionales, terminó por salpicar a las Municipalidades de Lago Ranco, Futrono y La Unión.
Y es que el documento señala que la serie de obras ejecutadas en el borde de este cuerpo de agua, como muelles, rampas y tuberías, no contaban con los permisos de edificación ni recepción definitiva. De esta forma, el organismo fiscalizador ordenó tomar medidas para continuar con las acciones de fiscalización.
Radio Bío Bío se contactó con cada uno de los municipios aludidos. En Lago Ranco, indicaron que ya están trabajando en las observaciones realizadas por la Contraloría. Desde La Unión no hubo respuesta, incluso cortando los llamados. En Futrono, nadie se refirió a lo que está ocurriendo en el lago.
Con todo, la Contraloría deja en evidencia la falta de coordinación de las instituciones públicas competentes en la materia. Por ejemplo, señala que la Capitanía de Puerto de Lago Ranco no mantiene una comunicación directa con la DGA y que quedó de manifiesto cuando se detectó ocupantes ilegales y el uso de cañerías.
Así, advierte una falta de coordinación entre ambas instituciones, señalando que la administración del Estado debe funcionar en armonía que debe propender a la unidad de acción.
