La justicia respaldó la ordenanza municipal de Panguipulli que prohíbe vehículos a motor en tres lagos de Los Ríos, al rechazar recursos de protección presentados para evitarla.
La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó los recursos de protección que buscaban dejar sin efecto la ordenanza municipal que prohíbe la circulación de vehículos motorizados en tres lagos de la región de Los Ríos.
La justicia argumentó que la ordenanza que involucra a los Lagos Pellaifa, Calafquén y Pullinque no sería inconstitucional, ilegal ni arbitraria.
Con ello, rechazó tres recursos interpuestos por más de 50 particulares, una inmobiliaria y una sociedad de inversiones, en contra de la iniciativa.
A favor de la ordenanza se encontraba la Municipalidad de Panguipulli, 13 lof mapuche, 12 organizaciones sociales de la comuna y 100 particulares.
La abogada representante de las comunidades mapuche Karina Riquelme, señaló que esperan que la contraparte tome en cuenta los argumentos presentados.
“Que entiendan que si quieren seguir viniendo acá es necesario preservar estos espacios, sino sus nietos no podrán si quiera meterse al lago por la contaminación, y un ejemplo de esto es el lago Villarrica“, emplazó.
El alcalde de Panguipulli, Pedro Burgos, valoró el trabajo y apoyo de quienes fueron parte de la defensa de la ordenanza.
Desde la Inmobiliaria San Nicolás, el abogado Carlos Berríos, explicó que se encuentran analizando si apelarán a este fallo y esperan que Contraloría tome razón al respecto.
“A primera vista uno dice ‘ah perdieron’ y no, lo que pasa es que la ordenanza nunca entró en vigencia. Sí se logró el objetivo, vamos a analizar si apelamos o no, pero el objetivo de que no entrara en vigencia se cumplió”, afirmó.
Los opositores de la implementación de esta medida solicitaron anteriormente que Contraloría pueda dar cuenta de la legalidad de la ordenanza, acción que no podía iniciar sin que la Corte de Apelaciones de Valdivia fallara al respecto.
Por este motivo, para que la ordenanza pueda implementarse de forma efectiva, se requeriría la respuesta de Contraloría y otros trámites administrativos que den paso a su publicación.
